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Las selecciones vascas no podrán competir sin permiso

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe, indica que la orden del departamento de Cultura del 18 de marzo del 2008 en la que se establecían las normas que regulaban las ayudas económicas a las selecciones vascas para competir internacionalmente y para actividades de divulgación deportiva es contraria a la Ley española del Deporte de 1990.

Por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto tribunal vasco anula la orden que regulaba la concesión de ayudas y sentencia que las selecciones deportivas vascas necesitan la autorización del Consejo Superior de Deportes, "previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores", para poder competir fuera del Estado o para hacerlo en pruebas de carácter internacional que se desarrollen en territorio español.
Además, la resolución recuerda que la Ley exige a las federaciones deportivas autonómicas la integración en las federaciones españolas para participar en actividades deportivas oficiales de ámbito internacional.

De esta forma, el tribunal ha estimado en parte la demanda de la Administración del Estado contra el Gobierno Vasco y las federaciones vascas de rugby, balonmano, taekwondo, bolos, kárate, piragüismo, halterofilia, ajedrez, natación, hípica, ciclismo y surf, así como la Unión de Federaciones Deportivas Vacas, que aspiraban a poder competir fuera del Estado. La Abogacía del Estado había indicado que, según la Ley, la autorización del Consejo Superior de Deportes "es indispensable" para realizar alguna de las competiciones que puedan ser objeto de subvención por parte del Gobierno Vasco, pero las bases de la convocatoria recurrida y anulada "no exige" esa autorización.

De la misma manera, el demandante había reprochado que la Administración vasca tampoco pidiera a las federaciones deportivas vascas que se integraran en la federación española correspondiente para obtener subvenciones de cara a acudir a pruebas oficiales de carácter internacional. Así, el TSJPV ha atendido a la Administración del Estado, que había requerido al Gobierno Vasco que la normativa sobre selecciones deportivas cumpliera las obligaciones derivadas de la Ley Estatal.