El consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, ha atribuido este martes a "la crisis crediticia" el último cambio de criterio que el Ejecutivo municipal ha adoptado en relación con el proceso de enajenación de 747 plazas del 'Plan Aparca' que ahora ya no se pondrán en su totalidad a la venta. Según ha adelantado, sólo se ofertarán en esta modalidad "una parte", la que de acuerdo con el criterio no explicitado del Gobierno de Vivas tengan la posibilidad de obtener "financiación bancaria".

El resto, que se supone serán la mayoría, se pondrán a disposición de los residentes en el Polígono Virgen de África (donde hay 381, 25 con trastero), Terrones (181) y Hadu (185) en régimen de alquiler, "de momento sin opción a compra", lo que impedirá a los inquilinos beneficiarse de la principal ventaja para ellos de este último tipo de ligazón, la de no tirar 'en saco roto' las mensualidades que permita su contrato antes de tomar la decisión definitiva.

Márquez ha explicado que el equipo de Vivas tiene previsto mantener en próximas fechas una reunión con las Asociaciones de Vecinos de esas tres barriadas para fijar la renta mensual que los interesados deberán abonar con arreglo "al precio de mercado en esas zonas y siempre de forma asequible para los residentes".

"El 'Plan Aparca' se puso en marcha hace tres años, cuando el acceso a la financiación no estaba tan limitado como ahora, y lo importante es que las infraestructuras ya están disponibles y a disposición de los ciudadanos", ha dejado claro el consejero.

Un proceso iniciado en febrero y reactivado en agosto

El Gobierno ceutí reactivó en agosto la enajenación de las plazas anunciando que se venderían a un precio 'tarifa plana' de 1.681 euros, lo que hubiese permitido a la Administración local ingresar 14 millones sobre un presupuesto total de 20,5 y con diferencias llamativas como el hecho de que el de Terrones arrojaría un superávit de 100.000 euros con respecto a su coste íntegro pese a que la Ciudad prometió no facturar ni un euro más de lo invertido descontada la urbanización externa.

El Ejecutivo puso en marcha el proceso de venta del 'Plan Aparca' el 18 de febrero, cuando el Boletín publicó un primer pliego de condiciones que, aparte del precio bruto de los garajes, espantó por sus precios (18.683 la plaza, 22.975 con trastero) al vecindario, que no sólo debía hacer frente al pago de dichas cantidades, sino también el IPSI por primera transmisión, los gastos notariales, registrales, fiscales y de plusvalía, si los hubiere.

El Gobierno presumió entonces de haber contactado con “dos bancos” para que a los adquirientes, que debían hacer efectivo el pago íntegro de los aparcamientos en un máximo de tres meses, la compra les saliese en ‘cómodos’ plazos de “100 euros al mes”, según explicó el presidente Vivas. El 2 de marzo, veinticuatro horas de que expirase el plazo establecido para formalizar las reservas, algo que sólo hicieron 130 personas.

"Entre 16.000 y 20.000 euros" por plaza

Al día siguiente, el 3 de marzo, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo anunció que las plazas pasaban a costar “entre 16.000 y 20.000 euros aproximadamente” a razón de un precio a ‘tarifa plana’ para los tres aparcamientos en función de los metros cuadrados de cada estacionamiento salvo los 105 de Hadu que se reservan para su utilización en régimen de rotación.

El viraje no dio el resultado esperado y, la primera semana de abril, el gerente de Amgevicesa anunció que el asunto quedaba aparcado hasta después de las elecciones. Vivas inauguró los aparcamientos en plena campaña sin fotos para los medios y desde entonces se ha permitido su uso gratuito, algo que terminará “en breve”, según Martínez, no se sabe si cuando el nuevo pliego se publique en el BOCCE o cuando los nuevos propietarios se hagan con las plazas.

La ejecución del ‘Plan Aparca’ dio su primer paso formal en septiembre de 2009 en las oficinas de Caja Madrid, donde Corsán, Dragados y ACC contrajeron un crédito por 20,5 millones de euros para pagar por adelantado las obras, cuyo coste se empieza a abonar este ejercicio y hasta 2014, conforme establece el ‘método alemán’, a razón de 6,7, 6,7, 6,4 y 4,6 millones al año hasta completar cerca de 25 millones, costes de financiación incluidos.