7 DE FERNÁNDEZ

El caso del 7 de Fernández sin esclarecer: Fomento no hace informe patológico

El caso del 7 de Fernández sin esclarecer: Fomento no hace informe patológico
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Exterior del número 7 de la calle Fernández.

El propietario de la vivienda había encargado el estudio a una arquitecta por imperativo de la Consejería, sin embargo, tras vender el domicilio su elaboración se paralizó y la Ciudad no ha hecho más por aclarar si la vivienda estaba en ruinas y, en caso de ser así, los motivos que la llevaron a ese estado


Cuando la constructora que demolía el edificio situado en la parcela adyacente al número 7 de la calle Fernández advirtió a la Ciudad de que la vivienda colindante estaba en ruinas, los técnicos de Fomento elaboraron varios informes y decretos en cuestión de minutos obligando a los residentes a irse de sus casas. Uno de esos decretos les obligaba a pagar de su bolsillo la elaboración de un informe patológico que determinara si sus casas estaban inhabitables y, en caso de ser así, los motivos que las llevaron a ese estado. Bien fueran previos a las obras próximas o a causa de ellas. Finalmente, el propietario que había encargado ese estudio optó por vender el domicilio a la promotora, parando las labores de la arquitecta a la que había encargado la investigación. Tras esto, Fomento, quien actuó a gran velocidad consiguiendo que los residentes se fueran sin saber si podrían volver y acabaran traspasando su propiedad, no habría asumido la elaboración del patológico para esclarecer lo sucedido, según apuntan fuentes del caso consultadas por este medio.

Prácticamente cualquier conclusión que pudiera salir de ese informe dejaría en entredicho a la Consejería que trata de liderar Alejandro Ramírez.

Éste aseguró pocos días después de que los vecinos fueran desalojados -el 23 de febrero- que sus técnicos habían revisado el estado de las viviendas adyacentes -incluida la afectada- antes de conceder la licencia de derribo a la promotora. También dijo que fueron ellos quienes ordenaron parar la obra tras comprobar el estado del 7 de Fernández, cuando, en realidad, fue la constructora quien, una vez completado el derribo decidió detener los trabajos por encontrarse en estado ruinoso el citado bloque.

Vistas las palabras de Ramírez, si el informe patológico hubiera apuntado que el edificio no estaba inhabitable, la actuación rápida echando a los vecinos en la jornada del 23 de febrero pondría en tela de juicio el criterio a la hora del desalojo. Habiendo provocado además un daño irreparable, el hecho de que los residentes acabaran vendiendo sus casas por desconocimiento.

Otra opción es que el estudio determinara que el estado de ruina era previo a las obras. Entonces la supuesta revisión realizada por Fomento antes de conceder el permiso sería la que quedaría en el ojo del huracán. Eso por no hablar del control que la propia Ciudad debería ejercer sobre los inmuebles de la localidad para evitar que acaben derrumbándose provocando daños a los ciudadanos.

La tercera posible conclusión no hubiera sido mejor para la Consejería de Ramírez. Y es que, de producirse la ruina a causa del derribo del edificio anexo, no solo se cuestionaría la supuesta revisión previa realizada al 7 de Fernández, sino los métodos usados para la obra adyacente y la vigilancia por parte de Fomento. Pues, tal y como señalara el presidente Juan Vivas al propietario de la vivienda y según figura en la documentación del expediente, la parte de la medianera que une directamente con las casas debía tirarse de forma manual y no con una pala.

El caso del 7 de Fernández sin esclarecer: Fomento no hace informe patológico


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