El caso del desalojo del número 7 de la calle Fernández -después de la demolición de un edificio adyacente- por considerarse en posible estado de ruina, se enquista y comienza a tomar fuerza la vía judicial. El propietario de una de las viviendas, Juan Antonio Cruz, tendrá que abonar de su bolsillo -después de los decretos emitidos por la Ciudad- un informe patológico y una pericial, para que se determine si su casa, en la que lleva viviendo 38 años, está efectivamente en un estado incompatible con su uso y a causa de qué. O por contra, como defiende él, está perfectamente habitable, pues las grietas ya estaban "desde tiempo atrás", algo que, en efecto, se aprecia en fotos de años previos.

Este vecino fue sacado de su casa el pasado 23 de febrero, después de que la promotora avisara a la Ciudad que había optado por parar las obras de demolición en la parcela adyacente -casi terminadas y dejando todos los escombros sobre la medianera de la casa de Cruz- porque, ahora, apreciaba riesgo de derrumbe en el 7 de Fernández. Curiosamente, siempre según lo expuesto en pasadas semanas por este vecino, personas relacionadas con la constructora y conocidas también de él le habían venido preguntando "qué pedía por la casa".

Alertado por la empresa, la consejería de Fomento -que supuestamente había inspeccionado las edificaciones antes de conceder licencia de derribo- apenas tardó cinco minutos y unos segundos en decretar medidas cautelares. Se sucedieron en pocas horas varios documentos, entre decretos, e informes policiales y de los arquitectos, quedando los residentes fuera de sus casas por precaución, sin saber si iban a poder volver y con la perspectiva de negociar la venta a la empresa que había demolido el inmueble colindante mientras ellos permanecían en las viviendas. La velocidad es diligencia y dedicación, según la ciudad, y motivo de sospecha para el protagonista de la historia.

La situación, que parecía poder cerrarse con un acuerdo rápido entre Cruz y la promotora, ha tomado otros derroteros. El hombre decidió acudir a un abogado tras recoger este martes la documentación relativa al expediente -justo la revelada por este medio la pasada semana-, ya que no aprecia avances.

El letrado, contactado por este digital, explica que está en la fase inicial de lectura de la documentación, pero esboza los diferentes frentes abiertos en el caso. "Hay unas medidas de prevención y se decretó el desalojo, habrá que ver los motivos, pero evidentemente la demolición que se ha hecho ha dejado a la intemperie la medianera acumulándose los escombros que empujan contra la vivienda de mi cliente", apostilla.

Ahora tendrá que ser él quien "pague un informe patológico y otro pericial, que es lo que ha requerido la Ciudad para ver si se puede poner las condiciones de habitabilidad o, sino, el motivo que ha llevado a ese estado". "Determinar si hay una relación causa efecto entre la demolición y el agravamiento del estado de la vivienda". Entiende el abogado que, de no asumir ese coste por voluntad propia Cruz, "lo hará la Administración de forma subsidiaria y pasándole luego la factura".

Un agravio más en la pesadilla del vecino, que llevaba 38 años viviendo "pacíficamente" en su domicilio con su esposa, hija y perro y ahora se ve abocado a residir de prestado. "Los contactos entre las partes del expediente no están consolidadas, estamos pendientes de iniciar negociaciones", añade el letrado, que indica que si no hubiera acuerdo acudirían "a la vía judicial".