Comisiones Obreras de Ceuta ha solicitado a la Delegación del Gobierno que los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas y el Estatuto de los Trabajadores incluyan la obligatoriedad de abonar el plus de residencia.

Esta petición de Comisiones ha llegado en una reunión que ha mantenido este miércoles su secretario general, Emilio Postigo, y el secretario de Organización, Ángel Lara, con el delegado del Gobierno, Rafael García, para buscar una solución para el pago del plus de residencia a las trabajadoras de los servicios complementarios del Centro de Mayores del Imserso.

En el caso concreto de estas trabajadoras de Clece S.A. que desempeñan sus funciones en el Imserso, Delegación del Gobierno "se ha comprometido a hacer las consultas necesarias a Madrid para determinar si se puede utilizar el remanente que incluyen todos los pliegos de condiciones para abonarles el plus de residencia", asegura el sindicato.

Comisiones advierte de la existencia de un colectivo "cada vez mayor" de trabajadores que se ven "privados" de este mecanismo de compensación, pero es que, además, "las empresas locales que sí lo aplican sufren una situación injusta de competencia desleal frente a las que logran evadirse de esta obligación".

Por ello, CCOO de Ceuta a la Confederación de Empresarios que apoye su reivindicación porque "también beneficiaría a los empresarios de la ciudad autónoma".

Según el sindicato, Delegación del Gobierno "ha mostrado interés en solucionar este problema y entiende que no es justo que unos trabajadores perciban el plus de residencia y otros no porque sus convenios no lo contemplen".

La Unión Provincial de CCOO de Ceuta también ha solicitado a la organización Confederal que "se den instrucciones a todas las federaciones para que en la negociación de los convenios colectivos de ámbito estatal y convenios de grandes empresas que tienen convenios propios y se están instalando en Ceuta y Melilla, se incorpore mediante la negociación dicho plus, que ya se ha conseguido en algunos como el de Jardines o empresas de seguridad privada a nivel estatal".

Las medidas concretas que se aplican de manera directa a las rentas salariales, y que tienen por objeto básicamente paliar el efecto del diferencial estructural en la carestía de la vida de ceutíes y melillenses por la singularidad geopolítica y la insularidad, son la ‘indemnización por residencia’ de los empleados públicos y el ‘plus de residencia’ para los trabajadores del sector privado.

Mientras el primero tiene su encaje de forma clara y precisa en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, el segundo se encuentra recogido en una norma aún vigente pero pre-constitucional, la Orden de 20 de marzo de 1975.

Este hecho constituye "un serio problema" porque supone, en la práctica, que el plus de residencia "ha dejado de tener fuerza legal suficiente para que se pueda aplicar con carácter general a todos los trabajadores en plano de igualdad. Se ha quebrado un principio fundamental (la igualdad de todos ante la ley) al mismo tiempo que se ha erosionado parcialmente el Régimen Económico y Fiscal especial concebido como un todo en su conjunto", concluye Comisiones Obreras.