El sindicato CSIF ha acusado este martes a la Fundación SAMU, que colabora con la Ciudad en la atención a los mil menores marroquíes acogidos tras la entrada masiva de mediados de mayo, de tener "explotados" a sus trabajadores. Según la central el cauce elegido por la administración ha sido "irregular" al haberse encargado ese trabajo "por urgencia y sin supervisar adecuadamente las condiciones en las que cedía esta gestión". 

"Los contratos realizados por SAMU conllevan salarios desproporcionadamente bajos que no llegan a mil euros y no son acordes a las tareas propias de un servicio de atención a menores", ha criticado CSIF en un comunicado en el que ha añadido que "se contrata a personal sobrecualificado (educadores sociales, trabajadores sociales, etcétera) en las categorías más bajas de la empresa para aprovecharse de su vocación y celo profesional para de este modo ahorrar costes en personal".

Además, ha censurado que SAMU "mantiene a los trabajadores con jornadas laborales que podríamos calificar de explotación, con horarios de 10, 12 y hasta 38 horas de jornada continuada, algo insostenible en pleno siglo XXI y menos en un servicio de estas características en el que es imprescindible mantener la vigilia, la atención y la concentración".

"El trabajo con menores requiere de una especial atención por parte de los profesionales que de difícil forma podrán mantener su rendimiento si realizan turnos de 38 horas seguidas (desde el sábado a las 8:00 hasta el domingo a las 22:00)", ha advertido.

Para terminar, el sindicato ha recordado que "estas jornadas se desarrollan en instalaciones que de ninguna manera reúnen las condiciones mínimas necesarias para un servicio de estas características, no estando dotados de estancias adecuadas para el personal, que, valga como ejemplo, en el caso de una de las naves del tarajal no cuentan ni con aseos para el personal". 

"Exigimos al Gobierno de la Ciudad, garante de la ejecución de este servicio, y a SAMU, responsable de los menores a los que atiende, que tome medidas contundentes y urgentes para garantizar la sostenibilidad de la atención a estos menores sin mermar los derechos laborales de los trabajadores", ha pedido la central.