Fomento pega un volantazo y asume duplicar la cantidad prevista para el contrato de la Planta de Basura
La nueva concesión de la gestión incluirá el transporte de residuos y supondrá un gasto de 8,6 millones anuales que se reducirían considerablemente, a poco más de tres, si el Ministerio asumiera el coste del traslado de los restos a la Península. La previsión inicial era destinar 28,2 millones en cinco años, pero Urbaser, actual empresa adjudicataria, estimó en un informe remitido a la Ciudad en mayo que la cuantía debía ser mucho mayor
Más de un año después de que se anunciara que pronto estaría listo el nuevo contrato para la gestión de la Planta de Transferencia de residuos, al fin se da un primer paso para licitarlo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un gasto plurianual a diez años que alcanza los 86 millones de euros y que incluye -como el que hasta ahora estaba prorrogado por decreto- el traslado de residuos a la Península.
Mucho ha cambiado desde que se iniciara la tramitación. De primeras se estimaba que en abril del pasado año el nuevo acuerdo estaría en vigor. Ahora se espera tenerlo en septiembre, casi 18 meses después, según explicó en rueda de prensa Alejandro Ramírez. Poco tienen que ver tampoco los plazos de duración y las cifras económicas.
La idea inicial era adjudicar la planta por cuatro años con uno más de prórroga opcional y ahora saldrá por diez. La cuantía se ha incrementado sensiblemente. En marzo del año pasado se había aprobado un gasto plurianual de 28,2 millones de euros para un lustro. Ahora la cantidad casi se ha duplicado, siendo 86 millones para una década.
Tal y como reveló este medio el pasado mes de mayo, la empresa que actualmente gestiona el espacio de tratamiento de residuos, Urbaser, y que es principal favorita a hacerse con el nuevo contrato, se desmarcó de los cálculos del Gobierno estimando los costes de mantener la planta en cuatro millones más anuales. Así se lo transmitió en un informe encargado por la propia consejería de Fomento.
El esbozo realizado por Urbaser planteaba que el traslado de los residuos y su compactación, junto al mantenimiento básico de las instalaciones del Hacho suponían unos 9,5 millones anuales. La consejería no ha llegado a tanto y según lo aprobado hoy la cifra se quedará en 8,6. Cabe destacar que en el documento que la empresa hizo llegar a la Administración local por petición de Fomento se consideraba necesaria una inversión añadida de más de dos millones para mejorar la planta. Sobre esto nada se ha dicho aún.
Una duda que despejó hoy Ramírez es si el movimiento de los restos a la Península seguiría vinculado a la firma que se hiciera cargo de las instalaciones municipales de tratamiento. Parece que así será y que Urbaser, que carece de barco, deberá seguir buscándose la vida con la naviera que tiene subcontratada, Peregar -que tampoco dispone de navío apto para estos menesteres en propiedad-, de cara a asegurar la salida de la basura de la localidad.
La dupla Urbaser-Peregar viene recurriendo al constante cambio de fletes en función de mercado -dado que los precios se han encarecido mucho en el último año y medio-, encontrándose en ocasiones sin navío alguno que pueda hacer las funciones. Esto ha llevado a Ceuta a situarse al borde de la emergencia sanitaria por la acumulación de residuos peligrosos y por la imposibilidad de traer a suelo norteafricano materiales fundamentales para el funcionamiento, por ejemplo, del Hospital Universitario.
Dado que con el nuevo contrato se seguirán transportando restos del Ministerio de Defensa o de Sanidad, entre otros organismos dependientes del Estado, se ha solicitado insistentemente al Gobierno central que cumpla con lo dispuesto en la legislación y asuma el coste completo de la línea marítima de la basura. Esto, tal y como indicó Ramírez, supondría recuperar entre cuatro y cinco millones anuales, lo que dejaría la inversión de la Ciudad en poco más de tres kilos por año.
Una vez más, está por ver si el Ejecutivo local cumple los plazos con la licitación o como ya ocurriera el pasado año se sigue dilatando la entrada en vigor del nuevo contrato.