El Consejo Gobierno ha aprobado este martes el gasto plurianual por cinco años de 28,2 millones de euros para sacar a licitación la gestión de la planta de transferencia de residuos de Ceuta, que llevaba cuatro años en una anómala situación de prórroga forzosa, provocando problemas de diversa índole en el servicio. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, se mostró confiado en que este nuevo contrato solucione las reivindicaciones laborales de la plantilla, la necesidad de mejoras en las instalaciones y la falta de estabilidad a la hora de disponer de un barco para llevar los residuos a la Península. Sin embargo, las cifras son prácticamente las mismas que las del anterior acuerdo de gestión, que data de 2010.

Entonces, la Ciudad sacó a licitación el servicio por 33,6 millones para seis años (5,6 anuales) -que Urbaser, la concesionaria, rebajó a 27,2 millones con su oferta-, contemplando también dos posibles prórrogas de dos años cada una, que al final se llevaron a término. Caducando en 2020 y continuándose desde entonces por decreto, sin volver a sacar a concurso la gestión hasta ahora.

Ramírez destacó también en rueda de prensa este martes que se ha optado por un contrato de duración más ajustada. De solo un año menos que el anterior, a la espera de conocerse en los pliegos si incluirá opción a prórroga.

La adjudicación en todo caso parece cantada para Urbaser, se presente esta en solitario o, como apuntaban en días previos fuentes de la plantilla a este medio, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otra firma. El portavoz municipal y titular de Fomento defendió en cualquier caso que se trata de un proceso abierto y no ve como puede condicionar a la Ciudad el hecho de que la actual concesionaria tenga varios contratos en vigor con Ingesa -tratamiento de sus residuos no peligrosos- y con el propio Gobierno local -recogida, tratamiento y transporte de neumáticos usados- que podrían hacerse difíciles de cumplir para la empresa si no dispone de la planta de transferencia: "Eso es un tema más bien empresarial", despachó.

Sin municipalización, ni mayor inversión, pero con confianza en resolver los problemas

La aprobación de este gasto plurianual, con la idea de sacar la licitación en el mes de abril y tenerla resuelta posiblemente a las puertas del verano o a principios del mismo, cierra completamente la puerta a la municipalización de los empleados de Urbaser que actualmente se desempeñan en la planta. Una veintena de trabajadores que habían transmitido a este medio en los últimos días su deseo por que el servicio pasara a manos municipales: "Somos solo veinte, si han cogido a quinientos de Trace...", argumentaban.

No ve Ramírez en este caso situaciones similares a las de la empresa de la limpieza viaria que justifiquen pasar la gestión a manos públicas. "Son servicios diferentes, cada uno tiene su casuística. Los antecedentes históricos de la limpieza viaria nos llevaron a analizar la situación y optar por esta fórmula. El caso de la planta de transferencia es distinto y dese el área se ha buscado dar continuidad a un contrato de servicios", subrayó el consejero.

Para él, a pesar de una duración de contrato y dotación presupuestaria parecida, el nuevo acuerdo permitirá solucionar los importantes problemas que arrastra el servicio. En concreto, los trabajadores advertían de que no se está avanzando hacia convertir las medias jornadas de cinco trabajadores en completas -como es mandato de la Ciudad-, ni se invertía en la planta, en la que ocasionalmente se estropeaba alguna máquina, y tampoco se podía contar con un buque de manera estable para el traslado de los residuos. Todo, según les transmitía Urbaser, por la "inestabilidad e inseguridad" de no contar con certezas de un nuevo acuerdo, llevando caducado el último desde 2020.

El titular de Fomento entiende que con un contrato a cinco años sobre la mesa y las cuantías planteadas, sí se podrá dar respuesta a la lista de inconvenientes revelada por ceutaldia.com: "Creemos que puede solucionar. Hay que hacer inversión importante en las instalaciones y esto da garantías a las mejoras salariales, dando estabilidad y también de cara a contar con el barco", añadió Ramirez.

La cuestión del barco, en negociación con el Gobierno

El principal problema con la actual gestión por parte de Urbaser -siempre condicionada por la ausencia de un nuevo contrato con la Ciudad- de cara al ciudadano, era la imposibilidad de contar con un buque de manera estable que permitiera sacar la basura con destino a la Península.

Un encadenado de acuerdos deficitarios, el primero entre la ciudad y la concesionaria y el segundo entre esta y una pequeña naviera malagueña, Peregar, que debía suministrar el barco, pero carece de capacidad económica y flota para ofertar uno propio, ha provocado que durante meses los traslados no hayan sido regulares, dificultando incluso la salida de mercancías peligrosas, como las bombonas de oxígeno del Ingesa.

La naviera ha ido alquilando barcos aquí y allá, salvando la papeleta con gran dificultad. La idea es que el nuevo contrato permita disponer de un buque estable, incluso obteniéndolo en propiedad Peregar. Sin embargo, las cuantías que se manejan siguen siendo las mismas que en principio no permitían esa opción.

Actualmente, el Gobierno local negocia con el Ministerio de Transportes que este pueda subvencionar -como así marca la norma que incluye territorios extrapenínsulares- el transporte de los residuos. La tramitación, según explicó Ramírez este martes, está en marcha y podría cubrir "el 50% del coste del contrato".