La promoción de 45 viviendas protegidas de Serrano Orive, concebida para facilitar la emancipación juvenil con alquileres mucho más bajos que los precios de mercado, y de los adjudicatarios de las mismas hace diez años que se niegan a irse, como la vicepresidenta Primera de la Asamblea, la socialista Cristina Pérez, sigue pendiente de la Audiencia Provincial, donde ya se ha celebrado el primer juicio en segunda instancia entre Emvicesa, que pide su desahucio, y los inquilinos.

Desde hace dos meses se espera conocer su veredicto. En los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción se han dictado 21 sentencias, cuatro a favor de la sociedad municipal y 17 en contra (todavía faltan por conocerse tres veredictos).

Como ambas partes recurrieron los fallos desfavorables a sus intereses, ahora se espera que la Audiencia Provincial determine si procede o no la desocupación de las casas por incumplir los requisitos (en cuestión de edad, ingresos, no posesión de otras casas...) sobre los que se adjudicaron.

A finales del pasado mes de enero vencieron otros dos contratos que también se han negado a salir de la promoción.

De momento Emvicesa ha conseguido recuperar un total de 17 viviendas que podrán ser ocupadas por nuevos adjudicatarios en régimen de alquiler una vez que la Comisión Local de la Vivienda decida sobre las bases de selección publicadas hace ahora un año.