El PSOE de Ceuta cesó la semana pasada al abogado ugetista Ramón Lladó como su representante en el Consejo de Administración de Acemsa. Para la Ejecutiva socialista resultó insoportable que se negase a seguir sus "consignas" para respaldar al PP sin más en el cese como gerente de Martín Portes para nombrar a Juan Manuel Sánchez Valderrama.

Lladó llegó a decir: “Mientras yo esté en esta responsabilidad de representación pública, que nadie espere de mí otra cosa que el cumplimiento exacto de la legislación: yo no voy a participar en ninguna componenda para colocar al recomendado de no sé quién”. Por si fuera poco, la gota que colmó el vaso fue proponer un proceso de concurrencia de méritos para elegir candidatos.

Para reemplazarlo por alquien que sí cumpla órdenes, en Daoiz han elegido a Rafael García Rodríguez, una de las personas incorporadas por el Grupo Socialista en la Asamblea como personal eventual, primero en calidad de coordinador de Barriadas y después de asesor. Se trata de un abogado cordobés.

Hasta este miércoles, en su perfil en Linkedin, la comunidad de referencia de perfiles profesionales en Internet, su experiencia se limitaba a 5 años y 10 meses trabajando en 'García Selva Abogados', un despacho local que ha tenido múltiples relaciones con la sociedad pública. De repente, ha cambiado. Si ahora se consulta su trayectoria se circunscribe al mismo periodo en 'Gestoría García Rodríguez'.

Tras la publicación de su relación con ese bufete, el representante de Caballas en el Consejo, Juan Luis Aróstegui, advirtió en la previa a la reunión frustrada del Consejo de que dicha relación profesional podía afectar al nuevo miembro del órgano rector y obligarle a abstenerse e incluso no participar en distintas deliberaciones pese a que representa a más de un cuarto de los diputados de la Asamblea (7 de 25). En principio, la secretaria general coincidió en esos reparos con el localista.

El asunto se supone que volverá a tratarse este jueves en la nueva convocatoria extraordinaria del Consejo, pero antes de celebrarse García Rodríguez ha decidido borrar las huellas públicas de su relación con el despacho en cuestión, que el año pasado facturó más de 70.000 euros a Acemsa por plegarse sin más a una reclamación judicial de ACC.