La Ciudad defiende la labor de sus técnicos en el desalojo del 7 de Fernández
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Policía Local y Bomberos en el 7 de la Calle Fernández el día del desalojo.

El Gobierno elogia la rapidez en la toma de decisiones para "garantizar la seguridad e integridad física" de los vecinos de la vivienda, que tuvo que ser vaciada coincidiendo con los trabajos de derribo del inmueble de la parcela adyacente, permitidos por la Administración tras inspeccionar tiempo atrás ambos edificios


La consejería de Fomento ha salido este viernes al paso del artículo publicado en este medio, bajo el título ‘ El 7 de Fernández: Cronología de la reacción municipal a unas grietas que ya estaban en 2021’. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que, sin matizar ningún dato de la citada información, defiende la actuación de los técnicos municipales, al considerar durante su lectura que de alguna manera se tilda de "extraordinaria" la rapidez con la que se sucedieron actos administrativos para el desalojo de un céntrico edificio.

Este fue vaciado precisamente coincidiendo con las obras de demolición de otro inmueble adyacente, al entenderse en posible estado de ruina en ese momento, aunque semanas atrás, según el consejero Alejandro Ramírez, se había inspeccionado la casa afectada -que ya presentaba las grietas principales desde 2021- antes de conceder la licencia de derribo.

El citado artículo explica como en apenas cinco horas se generaron dos decretos, un informe jurídico, otro técnico y otro judicial, que comienzan a sucederse cinco minutos y unos pocos segundos después de que la promotora de la parcela colindante metiera por registro el informe de un arquitecto externo, en el que afirma haber parado la obra por apreciar riesgo de derrumbe en el 7 de Fernández. Pero no por sus labores de derribo sino por el mal estado en sí del edificio.

Sobre la rápida tramitación, la Ciudad indica en su comunicado que se hizo con el único motivo de "garantizar la seguridad e integridad física de las personas que habitan las viviendas, tratándose, por ora parte, del procedimiento habitual cuando los servicios municipales son informados de una posible situación de riesgo". Interpreta el Gobierno que el artículo publicado da a entender que el proceder fue "algo anómalo e inusual, cuando se hace precisamente para agilizar y facilitar la documentación a los vecinos afectados para que puedan proceder como estimen conveniente".

Continúa la nota municipal destacando "la profesionalidad, el compromiso y la sensibilidad de los técnicos del área de Urbanismo de la Ciudad Autónoma que, ante situaciones tan complicadas como esta, no reparan en horarios ni en otras consideraciones de índole laboral para dar respuesta rápida y ágil a las necesidades de las personas afectadas". Por ende, y siempre condicionados por la interpretación realizada del texto, valoran como injusto "que su labor haya quedado en entredicho". Un extremo que es la interpretación que hacen del texto en la Consejería de Fomento.

Reiteran por último que, tanto Fomento, como el resto de servicios municipales que intervinieron el día del desalojo (el pasado 23 de febrero), actuaron "priorizando la seguridad de los vecinos, paralizando de inmediato los trabajos de demolición y desescombro del solar anexo hasta que se determine el estado del edificio, tal y como se explicó en rueda de prensa por parte del consejero del área y portavoz el día 28 de febrero".

Resumen de un desalojo

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado miércoles que cita Fomento en su nota aclaratoria, el consejero Alejandro Ramírez aseguró también que se había inspeccionado el 7 de Fernández antes de conceder la licencia de derribo a la promotora de la parcela adyacente. El resultado de esa visita previa no ha sido por el momento hecho público por la Ciudad.

Por tanto, con el permiso municipal se iniciaron las obras hasta su detención, -cuando ya estaban prácticamente finalizadas a falta de recoger el escombro-, en primera instancia por parte de la propia constructora, que fue quien alertó a Fomento, el pasado día 23. También llamó a la Policía Local uno de los propietarios afectados, Juan Antonio Cruz, que continúa defendiendo que las grietas frontales y laterales -justo las que se fotografían en el informe policial y en el de los arquitectos municipales- "ya estaban ahí de hace tiempo y no han ido a más", por lo que, entiende, su casa "no está en ruinas".

Esto hecho es fácilmente comprobable en las fotografías de Google de los años 2021 y 2022, en las que se observan con absoluta claridad los supuestos defectos de la vivienda.

Además, relata el hombre que personas conocidas por él y relacionadas con la promotora que derribó la parcela adyacente ya le habían consultado en varias ocasiones qué pedía por la casa. Su conclusión es clara, la idea siempre fue que dejara la vivienda y pudiera tirarse abajo para construir la manzana completa.

La Ciudad defiende la labor de sus técnicos en el desalojo del 7 de Fernández


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