El abogado de los localistas, José Aureliano Martíne, ha explicado que entienden que el Gobierno no está ejecutando correctamente la sentencia, ya que esta indica de forma clara, al igual que el PGOU, que el uso de la parcela debe ser estrictamente cultural. Es decir, ni comercial ni para un mercado de abastos.

El PSPC continúa estudiando las medidas necesarias para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se pronuncie sobre la ejecución de la sentencia. Además, Martín ha indicado que si durante el proceso se observa en algún momento implicaciones de cualquier otro tipo, como por ejemplo penales, se tomarán las medidas judiciales necesarias al respecto.

El plazo habitual para la aceptación o no del recurso es de un mes, aunque podría demorarse por la huelga de Justicia. Posteriormente, y si es aceptado, llegará el momento de formalizar la demanda.

El secretario general de los localistas, Iván Chaves, ha contestado al Gobierno que esta denuncia demuestran que no estaban amenazando a nadie, tan sólo anunciado lo que iba a suceder.