El expediente en cuestión, según argumentaron miembros del Consejo de Administración, tiene que ver con protección de datos, doblaba el precio y no se solicitaron más ofertas
Esta misma semana, según habían anticipado miembros de la oposición y hasta el propio consejero Alejandro Ramírez -preguntado por este medio- Servilimpce recurrió a un Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (REC) para poder abonar facturas de servicios que no se contrataron siguiendo la ley, algo similar a lo ocurrido en Amgevicesa. Pues bien, desde hace meses fuentes internas de la sociedad municipal venían avisando a este digital de que la contratación no se estaba ajustando a la norma y por tanto que esto sucedería. Llama la atención dentro de los comportamientos "atípicos" que los conocedores de la situación ponen sobre la mesa, el hecho de que la sociedad municipal adjudicara, según miembros del consejo, a dedo y duplicando el precio un contrato de protección de datos. Y más que este recayera en una empresa cuya dirección coincide con la del despacho de un abogado de la compañía municipal de limpieza.
Este hecho se debatió, en virtud de los documentos a los que ha tenido acceso CEUTALDIA.COM, el pasado 5 de noviembre. Fue entonces cuando, reza el acta de la reunión del consejo, Juan Luis Aróstegui -vocal de Ceuta Ya!- cuestionó por qué se había adjudicado un contrato sobre protección de datos sin pedir más ofertas.
La respuesta que recibió de parte del gerente, Luis de la Barrera, in situ, fue que se había tramitado "igual que lo hace la sociedad Acemsa", replicando entonces Aróstegui que "el precio es el doble" y que "coincide la dirección de la empresa adjudicataria con el despacho de un abogado de la empresa".
Preguntado esta misma mañana por el asunto, el representante de Ceuta Ya! ha ratificado que aquello que denunció entonces: "Todo eso es tal cual", ha señalado a preguntas de este medio, indicando que nunca llegó a recibir mayor respuesta a pesar de que en el acta se refleja que el consejero Alejandro Ramírez, ordenó revisar el expediente y, de resultar ser como afirmaba Aróstegui, se adoptaran "las resoluciones" que fueran "necesarias".
Otros contratos puestos en cuestión en la reunión
Durante aquella intensa sesión, Aróstegui puso sobre la mesa más incumplimientos de la ley. Por ejemplo, preguntó por qué no se había licitado el suministro de combustible. Indicándole de la Barrera que "se inició el expediente de contratación pero hubo disparidad de criterios". "Se ofreció un pliego modelo para minimizar tiempo, pero al final se ha comprobado que la Ciudad no funciona así; por lo que se ha tenido que redactar un pliego de prescripciones técnicas particulares y un pliego de cláusulas administrativas particulares para este expediente, lo que ha retrasado la tramitación", añadió.
Una contestación que no convenció al vocal de Ceuta Ya!, quien advirtió "un incumplimiento consciente de la Ley de Contratos desde mayo", señalando seguidamente a los expedientes de suministro de vestuario y de servicio de auditoría contable: "Durante catorce meses no se ha licitado ningún contrato. Esto ya se advirtió en mayo", apostilló, Aróstegui, que también apreció "fraccionamiento" de contratos en la compra de contenedores y quiso conocer cuál era el estado de la deuda.
De aquellos polvos, estos lodos
Lo comentado en aquel consejo y en otros posteriores a cuyas actas ha tenido acceso este medio, desemboca en el momento actual, en el que por primera vez, la firma ha recurrido a la fórmula del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (REC) método que se emplea para poder pagar servicios prestados sin que haya un contrato legal de por medio.
Ceuta Ya! y MDyC se han opuesto frontalmente a que la sociedad municipal opere de espaldas a la normativa. Los primeros incluso amenazan con llevar la "desmadrada" gestión de la empresa pública a los juzgados si llega a aprobarse el expediente, abonando las deudas contraídas de forma irregular.
Por su parte, el Ejecutivo, en los documentos de los que dispone CEUTALDIA.COM justifica los 21.676 euros que deberán abonar por seguros de vehículos renovados sin un concurso que respetase la ley, en que "la alternativa a la contratación directa e inmediata de una reparación o un suministro urgente no era otra que la interrupción del servicio".
A mayores, afirma la gerencia de la empresa que "dicha interrupción habría supuesto un incumplimiento flagrante de las competencias municipales en materia de gestión de residuos y salubridad pública" y "la creación de un riesgo sanitario cierto e inminente para la población".
Ante esta disyuntiva, "la decisión de priorizar la continuidad del servicio no fue una mera elección, sino el cumplimiento de un deber legal superior", argumentan, subrayando que dado el contexto, "la omisión del procedimiento formal, por tanto, se convierte en un 'mal menor' necesario para evitar un 'mal mayor' de consecuencias incalculables".
Defiende además en su informe el gerente que "no hubo arbitrariedad en la elección del proveedor", ni "perjuicio económico" y que "se actuó de buena fe". Asimismo, señala dos factores que median en el hecho de que no actuaran con acuerdo a la norma. Uno, el "aprendizaje institucional", es decir, el hecho de que la empresa tenga que ir afinando sus procedimientos administrativos y otro, la "falta de capacitación" de parte de su propio personal.
Cabe esperar que en próximas semanas surjan nuevos expedientes de REC para contratos de otra naturaleza que excedan de los meros seguros obligatorios.
