CASO EMVICESA

La estrategia de Defensa de Román en Emvicesa se cruza en la campaña con una denuncia contra Chandiramani

La estrategia de Defensa de Román en Emvicesa se cruza en la campaña con una denuncia contra Chandiramani
Susana Román sale de declarar a petición propia ante la Juez Luccini-1
Susana Román sale de declarar a petición propia ante la Juez Luccini en septiembre de 2017./archivo

Susana Román ha interpuesto una denuncia por falsedad documental contra Chandiramani por el papel jugado durante la instrucción del Caso Emvicesa, sociedad que capitaneó tras la hecatombe por la detención de López, la propia Román y Rabea Mohamed. Chandiramani se habría limitado a facilitar a la Justicia la información los datos disponibles que le requería

 


El 14 de febrero de 2017 la Policía Nacional detuvo al ex gerente de Emvicesa, Antonio López, en Marbella. Al día siguiente hizo lo mismo con la entonces consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, la consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed y el diputado de Caballas, Mohamed Alí. Explotaba ante la opinión pública el Caso Emvicesa que vivió un segundo apogeo cuando en la primavera siguiente se levantó el secreto de sumario y la opinión pública tuvo acceso a la investigación que mantenía entonces a López en prisión. Ahora hay fecha para la celebración del juicio en la Audiencia Provincial. Será este otoño y previsiblemente su desarrollo se trufará con la campaña de las Elecciones Generales. Y una vez que se ha fijado la fecha, Román ha interpuesto una querella contra la hoy consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani por falsedad en documento público y en sus testimonios ante la instrucción de esa causa. A Chandiramani le cayó el hacerse cargo de la gestión de Emvicesa cuando todo el escándalo estalló.

La demanda parece encajar en su estrategia de defensa, pero no sólo. El Gobierno de la Ciudad ha salido al paso de la denuncia con un breve comunicado de tres párrafos en los que aclara que “los hechos referidos ocurrieron antes de ser nombrada como gerente de dicha sociedad”. Esto es, todo lo que rodeó a la adjudicación de viviendas cogieron a Chandiramani fuera de cualquier cometido político vinculado con la empresa de vivienda. “Por lo que la intervención de Kissy Chandiramani en el procedimiento del denominado ‘Caso Emvicesa’ fue exclusivamente la de atender, con los datos que le fueron proporcionados, los requerimientos de información de la autoridad judicial”.

El Gobierno hace esta escueta manifestación porque "hasta el momento no se ha producido ninguna comunicación oficial de la presentación de dicha denuncia, conociéndose exclusivamente por lo publicado en medios de comunicación”.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso ceutaldia.com, se hace hincapié en lo relativo a la adjudicación de las 170 viviendas de promoción pública de Loma Colmenar. Y aquí, un recordatorio. La Justicia acabó enviando a prisión al que fuera gerente de Emvicesa, Antonio López, tras pincharle el teléfono y recabar indicios contundentes de que habría orquestado la venta bajo cuerda de la adjudicación de viviendas, las 317. La denominada lista fantasma de adjudicatarios de esa promoción publicada en un diario en papel, y anulada posteriormente por la propia Justicia, fue la que originó el caso. Y fue la propia Román, la que en su papel como ex consejera de Fomento (llevaba apenas días como responsable de Hacienda cuando se publicó la lista) forzó al Gobierno a llevar esa publicación ante la Justicia. Pero en la investigación judicial se acabó por comprobar que la auténtica lista fantasma había sido la de los beneficiarios de las 170.

Y es ahí donde centra el tiro en su denuncia Román. Acusa a Chandiramani de mentir. Lo habría hecho, según la denuncia habría identificado de forma incorrecta a los integrantes de la Comisión Local de la Vivienda ante la Instrucción del caso. Así, Román acusa a Chandiramani de falsear la composición de la Comisión Local de la Vivienda al evacuar al juzgado un informe de fecha 21 de octubre de 2016, cuando era gerente de Emvicesa en el que señala que la composición de esa comisión local de vivienda estaba compuesta por Susana Roman, Rabea Mohamed, José Antonio Carracao, Mohamed Ali, Antonio López y María José Cariñanos (en calidad de secretaria, pero sin voto) durante la legislatura 2011-2015.

Román considera que Chandiramani habría mentido en ese informe. La razón es que en esa legislatura si bien Román acabó desempeñando la labor de Consejera de Fomento y presidiendo la Comisión Local de la Vivienda y teniendo responsabilidad sobre lo relativo a las 317. Llegó a ese puesto tras el cese de Guillermo Martínez en abril de 2012, hasta entonces responsable de Fomento.

La fecha es fundamental. Si bien durante la legislatura Román fue la que más tiempo dirigió lo relacionado con vivienda. En ese inicio de la legislatura era Martínez y no ella. Y la reunión de la Comisión Local de la Vivienda que abordó cómo se adjudicarían las 170 de Loma Colmenar se celebró dos meses antes, el 13 de febrero de 2012, sin la participación de Román.

Tan clave para el caso es esa adjudicación, que en su denuncia Román insiste en otra falsedad que atribuye a Chandirmani otra falsedad al informar a la instrucción en diciembre de 2016 que "la adjudicación de vivienda corresponde en exclusiva a la Comisión Local de la Vivienda”.

Esa afirmación es en buena parte en la que se basa el señalamiento a Román y Ali en el caso, al atribuirles responsabilidad en las adjudicaciones como miembros de la Comisión Local de la Vivienda. Y según el reglamento aprobado en 2006, y así constaba en la instrucción del caso, la Comisión Local de la Vivienda tenía la última palabra en la adjudicación, pero no la "competencia exclusiva”. Algo que ya habría subrayado la propia Audiencia.

Y así atribuye a Chandirami otras tres falsedades más. Todas relacionadas con sus actuaciones ante la Instrucción del caso en el tiempo que fue gerente de Emvicesa y le tocó lidiar con todo lo derivado del caso. Y todas ellas relacionadas con matices sobre el proceso de adjudicación de las 170 que van en la misma línea, eximir de responsabilidad a la Comisión Local de la Vivienda en lo sucedido en esa adjudicación. Algo vital para los intereses del propio Caso Emvicesa, que más allá de las 317, busca dirimir responsabilidades también por las 170 de Loma Colmenar.

La demanda de Román contra Chandirmani busca así apuntalar su inocencia y descargarla de cualquier responsabilidad de las maniobras que pudiera haber llevado a cabo Antonio López, en parte durante el tiempo que Román sí fue su jefa directa como consejera de Fomento.

La denuncia que se ha hecho pública el mismo día que se ha presentado llega a 33 días de que se celebren las elecciones municipales y ha irrumpido de plano en la campaña.

La estrategia de Defensa de Román en Emvicesa se cruza en la campaña con una denuncia contra Chandiramani


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