Representantes de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta se reunían, telemáticamente, con sus homólogos melillenses para poner sobre la mesa asuntos de interés común. Los decanos de ambos colegios, Jose María Mora, por Ceuta, y Ana Viñas, por Melilla, han dispuesto sus grupos para hacer, de la tarde del pasado martes, una primera puesta coordinada de asuntos que requieren de la atención conjunta.

El órgano colegial ceutí, en concreto, ha tomado como mandato aquel que se refrendó en su última Asamblea General Ordinaria, el pasado 17 de diciembre, para promover y motivar la elaboración de una Ley del Suelo específica para Ceuta.

Los dos colegios de arquitectos toman la iniciativa en la que consideran que debería ser una de las prioridades de las instituciones de gobierno, en su conjunto, así como de las diferentes entidades sociales, ya que la ley actual dejó de actualizarse para Ceuta y Melilla, al desarrollar todas las Comunidades Autónomas sus propias leyes del suelo. La incapacidad legislativa de las dos ciudades autónomas ha provocado, en consecuencia, situaciones tan kafkianas como que el Plan General de Ordenación Urbana, a pesar de su eterna tramitación, no tenga suficiente alcance legal para dar respuestas a los problemas estructurales de nuestra ciudad: la escasez de terrenos (condicionados por los límites marítmo-terrestre); la dotación de una red de transporte adaptada a la densidad edificatoria; la compatibilidad Puerto-ciudad; la infravivienda, y; los recursos de energía, entre otros aspectos. Se trataría de dar cabida a sistemas, definiciones y características contemporáneas, que tuvieran su alcance, incluso, hasta en aquello que desarrolla la Disciplina Urbanística, con términos totalmente anacrónicos.

La Ley del Suelo en vigor en las ciudades autónomas, que data de 1976, con un texto preconstitucional, pone en evidencia las dificultades para la planificación y para el ejercicio ordenado de actividades sociales y económicas. Las servidumbres, de diferentes órdenes sectoriales, ven sobrepasadas sus exigencias en territorios tan minúsculos como Ceuta y Melilla, acotando sobremanera su potencial de desarrollo. El retraso, contado por decenas de años, para la aprobación del actual PGOU -y de los futuros- tiene una de sus razones en la desactualización del citado texto. La agilidad, en su concepto más amplio, encontraría acomodo en una nueva ley. No son pocas las veces que miembros del, antes denominado Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), deslizaban la idea de promover un nuevo texto que solucionaría, y eliminaría, muchos de los escollos encontrados.

La planificación es la base de un buen desarrollo urbano, pero ha de estar dotada de una legislación y de una reglamentación que le permita ejecutarlo y gestionarlo de manera adecuada. No se trata solo de tener un documento titulado PGOU. Con una ley del 76 y un plan general del 92, no es posible planificar una ciudad que se desarrolla en 2021, cuanto menos.

El COACE, con esto, pretende convencer al Gobierno de España de la importancia de contar con una ley específica que ayude a resolver los problemas urbanísticos y arquitectónicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Para ello, consideran, es necesario hacer pedagogía en diferentes asuntos y ante distintos interlocutores a nivel local. Además de explicar qué problemas concretos se podrían solucionar con un texto adaptado a la realidad de Ceuta, será imprescindible contar con el apoyo de autoridades, partidos políticos, instituciones estatales, colegios profesionales, asociaciones, etc. Y hacerles ver que se trata de una cuestión capital, que requiere consenso y que necesita una planificación y un desarrollo a lo largo de los años.

El Colegio de Arquitectos ceutí pretende, así, mantener reuniones con los diferentes organismos e instituciones afectados, como así está haciendo a día de hoy, buscando respaldo y acompañamiento permanente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, con comunicación directa con las direcciones generales competentes del, ya citado, MITMA.

Pues es este ministerio, quien tendría las competencias para redactar la deseada ley, a instancias de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la cual deberá encontrar el consenso, justificado y necesario, en el Pleno de la Asamblea.