Ceuta es la segunda región con peor grado de ejecución del Programa Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), sólo por delante de Madrid y justo por detrás de Melilla. Según el Gobierno central, la ciudad tenía declarados hasta el 31 de diciembre pasado un total de 15,32 millones de euros, lo que supone el 33,6% de la ayuda programada, 45,3 millones de euros (más 11,3 de cofinanciación nacional). El gasto seleccionado para su financiación en dicho Programa Operativo ascendía a 26,10 millones de euros, lo que implica un grado de compromiso del gasto programado del 45,8%.

Sólo Madrid se queda por detrás, con un 24,2% y un 38,7%, respectivamente, mientras que Melilla alcanza un 37,6% y un 47,1%, como Ceuta muy lejos de los niveles de las comunidades más adelantadas que, como Extremadura, llegan a un 112,9% de compromiso del gasto programado.

Aún queda tiempo para recuperar el perdido: los Reglamentos comunitarios establecen un período de subvencionabilidad de los gastos que se extiende hasta tres años después del final del septenio del Marco Financiero Plurianual.

Así, los programas del período 2014-2020 financian gastos pagados hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que los programas, así como las distintas políticas públicas en que estos se desarrollan, han sido definidos y dimensionados de modo que se garantice que todas las dotaciones de ayuda de la UE son absorbidas al final del período y corresponden a gasto pagado hasta dicha fecha.

Además, como dichos gastos deben declararse a la Comisión Europea una vez realizadas determinadas verificaciones y controles, en la práctica la certificación de tales importes, que determina el nivel de ejecución de los Fondos, se extenderá a lo largo del siguiente año 2024.

Entre los proyectos pendientes de ejecutar (ya se ha avanzado con las ayudas a pymes, la renovación de luminarias, la mejora de las redes de infraestructuras básicas del Príncipe y sus campos de futbol o con el 'Safe City') está el de construcción del Centro Integrado del Brull, que terminaría sobre la bocina siempre y cuando se cumplan las previsiones de realización de las obras, que apuntan a no comenzar hasta 2022 con un plazo de ejecución de dos años.