La empresa Hércules Servicios Generales de Integración S.L. han querido salir al paso de las denuncias de malas prácticas en riesgos laborales y ambiente tóxico realizadas a este medio. Unas acusaciones que califican de “infundadas” y achacan al resentimiento de un trabajador despedido. 

“Ha sido despedido por incumplimientos graves que lleva reiterando desde enero, aun habiendo intercedido CGT ha continuado realizando dichas faltas, realizándose auto-adelantos de dinero de cajas de nuestros clientes”, acusan a su vez. “Las acusaciones son infundadas, pues se hacen como represalia por su despido, pues somos un centro especial de empleo y nuestra plantilla se compone en más de un 70% de discapacitados, por lo tanto, no entendemos esa vulneración de derechos cuando nuestra plantilla es totalmente discapacitada y contamos con un equipo de apoyo para ello”.

“No intimidamos ni presionamos al personal, aquel que traslade a la empresa algún acto de mala fe, lo hace de forma voluntaria por el correcto funcionamiento de la empresa”, insisten desde la empresa Hércules Servicios Generales de Integración S.L. “Somos Centro Especial de Empleo en Ceuta y desde enero 2022 no recibimos subvenciones por parte del SEPE y no solo es eso si no que nuestro cliente es casi 100% administración pública y la mayoría de los entes desde mayo no nos abonan las facturas hechos que se pueden comprobar con justificante Face, hecho que nos ha hecho ir a financiación bancaria y el retraso de las negociaciones con las entidades está demorando los pagos”.

Respecto a las cámaras —otra de las acusaciones realizadas desde la plantilla y que también rechazan frontalmente— "cabría destacar que las instalaciones del puerto deportivo no forman parte de nuestra empresa y no tenemos acceso a las mismas". 

Retrasos en la extra

“En breve todo se regularizará como se ha visto en el pago de julio y se abonarán los retrasos”, se comprometen desde la empresa, que está en negociaciones con CCOO para buscar una solución los retrasos en el pago de las nóminas, con la amenaza de huelga de la plantilla sobre la mesa.

“No es entendible --lamentan-- que se sancione a una empresa por no poder pagar a los trabajadores que prestan servicio para la administración, porque ésta incumple sus obligaciones y no paga puntualmente a la empresa. La Administración acaba sancionando una situación indeseable, pero respecto de la cual la administración es la principal responsable”, explican, insistiendo en que es la Administración quien debe cumplir primero con su parte del contrato para poder pagar a la plantilla.