La Inspección de Trabajo levanta en seis meses 325 actas de infracción por valor de 700.000 euros

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo en Ceuta un total de 3.555 actuaciones entre los meses de enero y junio de 2008. Como resultado de las mismas se levantaron 325 actas de infracción, que afectaron a 545 trabajadores, proponiéndose por ello sanciones a las empresas y entidades objeto de la inspección por más de 706.000 euros. De las actuaciones realizadas por los inspectores destacan las correspondientes a las áreas de Seguridad y Salud Laboral, con 1.362, y de Seguridad Social, con 1.330, puesto que entre ambas engloban más del 75% de las inspecciones.

En Seguridad y Salud Laboral, se realizaron 1.362 actuaciones, y se detectaron 139 infracciones. El número de trabajadores afectados por infracciones ascendió a 142. El importe de las sanciones en esta área fue de 145.419 euros en el primer trimestre del año, promoviéndose la paralización de los trabajos inspeccionados en dos ocasiones .

En el área de Seguridad Social se llevaron a cabo 1.330 actuaciones (el 37,4% del total), y se detectaron 73 infracciones, que afectaron a 250 trabajadores en Ceuta (el 46% del total de trabajadores afectados por todas las actuaciones de la actividad inspectora durante el primer semestre del año), lo que dio lugar a 44 nuevas altas en la afiliación a la Seguridad Social. El importe de las sanciones ascendió a 126.771 euros.

En Empleo y Extranjería se llevaron a cabo 523 actuaciones, de las cuales 510 se realizaron en el área de extranjería. El número de trabajadores afectados por infracción es de 63 y el importe de las sanciones asciende a 260.000 euros Dentro del área de relaciones laborales, se efectuaron 241 actuaciones y se detectaron en acta 30 infracciones que afectaron a 42 trabajadores. Como consecuencia de dichas actuaciones, cinco contrataciones de trabajadores fueron transformadas en indefinidas.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento, y en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias, funciones que efectúa de conformidad con los principios del Estado social. Los inspectores trabajan en varias áreas de actuación, que son las de relaciones laborales, seguridad y salud laboral, empleo y extranjería y Seguridad Social.