El Gobierno central ha anunciado que transferirá 2.000 millones para Educación a las comunidades autónomas, 8 a Ceuta, y ANPE considera que el reparto se debería realizar "de manera proporcional al número de alumnado por comunidad autónoma, atendiendo al principio de igualdad de oportunidades" con un triple objetivo: remodelar los centros, contratar docentes y activar un Plan de digitalizlación.

Para el sindicato que en la ciudad lidera Remedios Acosta "el objetivo del próximo curso debe garantizar el máximo de horas presenciales posibles" y para ello en primer lugar hace falta "diseñar un plan de remodelación de los centros educativos adaptados a las nuevas medidas preventivas" que pasa por "dotar a los centros educativos de material de protección e higiene; limpiar y desinfectar varias veces al día; distribuir los espacios para mantener el distanciamiento social; gestionar los residuos en el centro y dotarlos de enfermeras escolares".

También "feforzar y aumentar las plantillas docentes", ya que "las medidas de distanciamiento social obligan a bajar la ratio y a desdoblar las aulas". "Hay que llevar a cabo planes específicos de apoyo y refuerzo educativo con el alumnado que no ha podido realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado del tercer trimestre del curso 2019-20. Y hay que sustituir al profesorado vulnerable ante el covid19", ha advertido.

Finalmente, el sindicato entiende que es preciso "dotar de recursos tecnológicos a los centros, alumnos y docentes; adaptar los currículos y llevar a cabo los cambios metodológicos que permiten integrar la educación presencial y online. Este plan es necesario debido a los rebrotes que puedan surgir y obliguen, otra vez, al cierre de los centros".

"La reapertura de los centros en el mes de septiembre debe garantizar todas las medidas preventivas frente al coronavirus y, a la vez, tiene que ser compatible con el proceso de enseñanza-aprendizaje", ha resumido en un comunicado.

El consejero de Educación del Ejecutivo local, Carlos Rontomé, está a la espera de que se concreten los usos que se podrán dar a esa partida. "Prioritario" sería, a su juicio, recuperar el montante total del programa de gratuidad de libros de texto, reducido de 1,2 millones a 400.000 euros por las cantidades que se dejaron indisponibles a falta del pago por parte del Estado de 7,2 millones anuales por los convenios de desalación y hecho fronterizo.