Para el sindicato, la situación política y administrativa de Ceuta -"sin duda atípica", puntualizan- "no puede justificar una usurpación de derechos", sino que "el Estado debe disponer de los medios y mecanismos suficientes para responder adecuadamente ante cualquier eventualidad que pueda impedir el ejercicio de los derechos constitucionales a un territorio o colectivo concreto".
Comisiones Obreras denuncia que "se están vulnerando, de manera flagrante, los derechos de la ciudadanía (a una educación pública de calidad) y los de los trabajadores de la enseñanza destinados en Ceuta y Melilla" (a los que se les niega el derecho a negociar sus condiciones laborales), por ello, reivindica una Mesa de Negociación del Personal Docente para las ciudades autónomas frente al "infame proceso de fosilización" del sistema educativo.
Según destaca el sindicato, esta reclamación destaca sobre las demás por su propia naturaleza condicionante ya que "el profesorado sigue siendo el eje principal sobre el que gira todo el sistema" y debe unirse en sus reclamaciones.
"Cuando hablamos de condiciones laborales en educación, estamos hablando, realmente, de la definición del modelo educativo. El diseño de la jornada laboral, las ratios de alumnos por grupo, la atención a la diversidad, la implementación de programa y proyectos, las posibilidades de formación continua, la disponibilidad para ejercer un auténtico liderazgo pedagógico, atender las nuevas formas de tutorización que demandan estos tiempos… todo esto forma parte de nuestro trabajo. Y tenemos derecho a negociarlo. Sólo exigimos lo que hacen nuestras compañeras y compañeros en el resto del Estado al que (pensamos), seguimos perteneciendo", han explicado ampliamente los comisionistas frente a las múltiples carencias y deficiencias que, asumen, se llevan acumulando desde hace dos décadas, "sumando nuevos agravios y desfases a un ritmo espantosamente vertiginoso".
La situación política y administrativa de Ceuta -"sin duda atípica", puntualizan- "no puede justificar una usurpación de derechos", sino que "el Estado debe disponer de los medios y mecanismos suficientes para responder adecuadamente ante cualquier eventualidad que pueda impedir el ejercicio de los derechos constitucionales a un territorio o colectivo concreto".
"Lo que pasa en nuestros centros, nos importa", afirman desde la Federación de Enseñanza, que pide al profesorado ceutí no caer en una "pasividad" que convierte a los profesionales del sector en "cómplices de un grave atentado a los valores y principios que informan nuestra Constitución".
"Nos jugamos la calidad de la educación y nuestra dignidad profesional. Más allá de lo que posteriormente podamos conseguir en las mesas de negociación, la propia existencia de este órgano es una reivindicación prioritaria que todos debemos apoyar con la energía, la fuerza y el entusiasmo de quien no se resigna ante las injusticias", animan a los docentes a unirse en esta reivindicación.
