Los comedores escolares de la ciudad no volverán a atender el próximo curso a hasta 80 niños más de los que caben en ellos, como se hizo el pasado, cuando para no decirle que no a nadie en los más grandes, como los de los CEIP Reina Sofía, Andrés Manjón, García Lorca y Príncipe Felipe, que tenían entre 140 y 146 becados por el Ministerio, se forzó su capacidad hasta un 60% más a costa de habilitar otros espacios y establecer hasta tres turnos.

El Ministerio y la Ciudad están decididos a atender la exigencia de los directores de devoler ese servicio a una cierta “normalidad” y a hacer cumplir los cupos máximos de beneficiarios que se han consensuado, lo que obligará a reducir de casi 1.200 al entorno de 800 el volumen de escolares atendidos.

Sobre esos números, el MECD ha publicado ya su convocatoria de becas de comedor (las solicitudes se pueden presentar hasta el 3 de septiembre), un total de 780 que podrían aumentar ligeramente si en Melilla no se adjudican las 450 asignadas a esa ciudad.

“En algunos colegios con las ayudas del Ministerio se agotarán las plazas disponibles y en otros presumiblemente quedarán algunos huecos que la Ciudad podría seguir financiando para niños con necesidades más graves”, ha explicado el consejero de Educación, Javier Celaya, sobre cómo se ve desde el Ejecutivo local la previsible controversia que generará el hecho de que volumen total de beneficiarios, becados por el Estado o por la Ciudad, caiga aproximadamente un 25%, el ‘excedente’ que ha ido generando la negativa a excluir a ningún estudiante con independencia de su carácter formal de becado o no.

Según el consejero, “hay que dar por hecho que las becas del Ministerio, que se prevé tener adjudicadas durante septiembre, van a llegar a los aproximadamente 800 niños con una situación económica familiar más precaria y que la Ciudad va a seguir apoyando, hasta el límite de la capacidad de los comedores disponibles en cada momento, a los que no reciban ayuda pero los técnicos reconozcan en situación de vulnerabilidad”.

Además, como red secundaria, “la Administración autonómica dispone de unos Servicios Sociales” y de un “amplio” número de organizaciones colaboradoras que se dedican a atender a las personas y colectivos “en mayor riesgo de exclusión”. El Ejecutivo local confía en que todos esos mecanismos de protección social no dejen desamparado a ningún niño con necesidades.