Plena Inclusión exige no discriminar a los discapacitados por edad para acceder a plazas residenciales
Plena inclusión ha solicitado en el Consejo Nacional de la Discapacidad "que se acabe con la discriminación de personas con discapacidad intelectual dependientes y mayores de 60 años, que son derivadas a plazas en residencias de mayores cuando necesitan una atención específica" después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiese en enero una sentencia a favor de una persona que reclamaba su derecho a ser atendida en un centro con apoyos específicos a su discapacidad intelectual, entendiendo que vulnera el principio de igualdad ante la Ley y que deben garantizarse ajustes razonables.
En los diferentes desarrollos reglamentarios de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, numerosas administraciones autonómicas han establecido una limitación de edad en el acceso de personas con discapacidad a plazas de atención especializada.
Ahora el TC ha establecido que estos desarrollos reglamentarios y su aplicación constituyen una discriminación, y vulneran el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Daba así la razón a una persona con discapacidad intelectual mayor de 65 años que había sido derivada por la Comunidad de Madrid a un centro de tercera edad, y que reclamaba una plaza en un centro con apoyos específicos a su discapacidad.
Plena inclusión pone sobre la mesa el resultado de esta sentencia en la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, con el fin de elevar a las Administraciones Autonómicas la necesidad y urgencia de modificar sus respectivos reglamentos para que acaben con esta vulneración de derechos. Nuestra organización espera que esta sentencia sirva de ejemplo para que las Administraciones adapten sus normativas a los tratados internacionales en aquellos aspectos en que aún se sigue discriminando a personas por razón de su discapacidad.
Las federaciones autonómicas de Plena inclusión, en esta misma línea, han manifestado unánimemente su rechazo a esta situación. Amalia Caravaca, presidenta de Plena inclusión Ceuta, ha apuntado que “es una obligación de las Administraciones y Organismos Públicos, proporcionar a las personas con discapacidad intelectual, los recursos y medios adecuados que garanticen en esta etapa de sus vidas, unas condiciones dignas y adecuadas a sus necesidades".