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Una "matanza indiscriminada": La Protectora denuncia el sacrificio de perros sanos

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La asociación Protectora reclama que la Ciudad solicite al Ministerio la aplicación del Plan de Contingencia de la Rabia con alternativas a la eutanasia ante lo que considera "una incoherencia legal y ética"

La Asociación Protectora de Animales y Planta de Ceuta ha registrado un escrito complementario ante la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el que exige la suspensión inmediata de cualquier sacrificio de animales sanos capturados en la vía pública y la aplicación de las alternativas previstas en el Plan de Contingencia de la Rabia 2023, aprobado por el Ministerio de Sanidad.

El Plan de Rabia y sus alternativas ignoradas

Según el propio Plan, los animales errantes sin identificar deben pasar un periodo de observación de 21 días y solo en caso de no ser reclamados por su propietario “serán sacrificados de acuerdo con la normativa vigente”. Pero ese mismo documento incluye una alternativa: “En los casos en los que el sacrificio no sea posible, se hará evaluación del riesgo y determinación de las medidas de control, entre ellas: titulación basal de anticuerpos, vacunación y cuarentena y observación activa durante un período mínimo de dos años.” Esa excepción demuestra que la eutanasia no es la única vía legal ni sanitaria, pues existen mecanismos seguros de control y seguimiento para animales sanos que no presentan signos de mordedura o riesgo.

La Ley 7/2023 y el principio de jerarquía normativa

La Protectora recuerda que la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, prohíbe el sacrificio salvo por motivos estrictamente sanitarios debidamente justificados. Por tanto, aplicar el sacrificio por mera expiración del plazo no solo contradice el Plan estatal, sino que infringe la normativa de rango superior. “El Plan dice que el sacrificio debe hacerse ‘de acuerdo con la normativa vigente’, y la normativa vigente, la Ley 7/2023, no permite matar animales sanos por el simple transcurso de un plazo administrativo”, ha explicado la asociación.

La titularidad pública y la incoherencia del abandono

La asociación denuncia que la Ciudad Autónoma, siendo administración titular de los animales errantes, debe asumir su responsabilidad legal: identificar, vacunar, aplicar cuarentena y asegurar trazabilidad, en lugar de alegar abandono para justificar el sacrificio. “El propio Plan establece que, si un propietario reclama al animal, se actuará conforme al régimen de animales en cautividad. En Ceuta, los animales de la vía pública no tienen propietario privado: su titular es la propia Ciudad. En el momento en que los captura, ya están reclamados y bajo su responsabilidad directa. Aplicarles la regla de sacrificio por abandono es una incoherencia legal y ética”, sostiene la Protectora.

Reclamos formales a la Consejería de Sanidad

En su escrito, la Protectora solicita que la Consejería aplique las medidas previstas en el Plan en lugar del sacrificio automático, aplicando vacunación, titulación de anticuerpos y cuarentena prolongada; que reconozca la titularidad pública de los animales capturados en la vía pública, tratándolos conforme al régimen de animales en cautividad; que cualquier eutanasia se someta a resolución individual motivada, basada en un riesgo sanitario concreto, conforme al artículo 27 de la Ley 7/2023; que se habiliten zonas municipales de cuarentena y se establezcan convenios con entidades protectoras y clínicas veterinarias para garantizar el control sanitario sin recurrir al sacrificio indiscriminado; y que la Protectora de Animales de Ceuta sea incorporada como miembro consultivo permanente en el Comité de Coordinación de Rabia y en el Grupo de Apoyo Técnico, como corresponde al principio de participación y transparencia.

Un retroceso ético y sanitario inadmisible

La Protectora considera que aquel planteamiento de sacrificio generalizado carece de base legal, contradice las directrices del Plan estatal y representa un retroceso ético y sanitario intolerable. “La rabia se controla con vacunación, trazabilidad y cuarentenas, no con matanzas indiscriminadas. Ceuta tiene la obligación legal y moral de actuar con rigor, humanidad y transparencia”, ha afirmado con rotundidad.

Llamamiento a la sociedad y al Estado

La asociación ha hecho un llamado a la sociedad ceutí, a entidades sociales, protectoras nacionales e internacionales, para que respalden públicamente esta exigencia de cumplimiento de la ley y defensa de la vida animal. También ha pedido la intervención del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura para asegurar que Ceuta actúe conforme al Plan estatal y al mandato de la Ley 7/2023. “Vamos a seguir esta situación muy de cerca y, si es necesario, acudiremos a todas las instancias nacionales y europeas. Ceuta no puede convertirse en un laboratorio de crueldad ni en una excepción al cumplimiento de la ley”, concluyen.

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