El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, se ha remontado este jueves a la última fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu), publicada en diciembre sobre el ejercicio 2017, para alertar de que los boquetes que presentan las cuentas del ICD van mucho más allá de los 600.000 euros por los que su Junta Rectora, con el voto a favor de Vox, ha aprobado a instancias de la coalición exigir responsabilidades "personales" a sus últimos gestores.

"El ICD es un punto negro del Gobierno de Vivas y el propio Tribunal de Cuentas ha cifrado sus deudas no reflejadas en contabilidad en casi dos millones de euros, una prueba más de que la gestión es nefasta y de que el Ejecutivo obstaculiza su saneamiento y la depuración de responsabilidades", ha lamentado Ali, que ha urgido a la Administración a poner en marcha el expediente de disolución de ese organismo autónomo que aprobó el Pleno con los únicos votos a favor del PP hace ya casi 9 años.

El ICD cuenta en su plantilla, además de con la gerente, con tres licenciados en Educación Física, otros tantos técnicos deportivos y un monitor. También dispone de siete administrativos (tres oficiales y cuatro auxiliares) y cinco ordenanzas, así como de cuatro jefes y doce auxiliares de Mantenimiento.

Según el TCu, al cierre de 2017 el ICD ya mantenía 1,8 millones en "deudas no reconocidas y contabilizadas" correspondientes principalmente (1,2) a los servicios de monitores y socorristas prestados en los complejos deportivos 'Díaz-Flor' y 'Guillermo Molina', así como a otros servicios de limpieza, seguridad, suministros y otros gastos corrientes.

El ICD llegó a alegar ante el órgano fiscalizador que entre 2016 y 2018 las facturas no fueron conformadas “debido a que no se tenía conocimiento de los servicios que se prestaban ni por quién eran prestados, a pesar de haber solicitado esta información en reiteradas ocasiones y tiempo, a los responsables en Ceuta de la empresa [Arasti Barca]”.

Paradójicamente, hasta en un sentencia quedó reflejado que el presidente del ICD dijo "de manera indubitada" que “los servicios continuaron prestándose tras la finalización del contrato, [...] que la realización de los servicios estaba verificada por la técnico encargada [...] y que cree que no se abonaron por la ausencia de contrato”.

Desde 2010, cuando se adjudicó el servicio, este ha registrado todo tipo de vicisitudes con difícil justificación para el Tribunal de Cuentas, desde la continuación de los mismos sin contrato y al mismo precio a petición del ICD hasta el traslado de todos los recursos de Miramar a Recinto en septiembre de 2016 "sin que se tenga constancia de estudios o análisis que fundamentasen esa sobredotación de medios".

En febrero de 2015 el Ejecutivo aprobó un reconocimiento extrajudicial por 0,4 millones que no llegó a saldar en su totalidad, por lo que en junio de 2016 tramitó otro por 1,2 millones con reconocimiento expreso de intereses y compromiso de pago en tres anualidades.

En enero del año pasado el Gobierno encomendó a Tragsatec la prestación del servicio de monitores, pero sin "constancia documental de ninguna comunicación oficial de la Ciudad informando del cese en la prestación ni la forma en que la neuva empresa se haría cargo del mismo asumiendo también a los trabajadores que prestaban tales servicios".