Caballas interpelará al Gobierno de Vivas en la próxima Sesión Plenaria de control al Ejecutivo para saber si es cierto que ha aceptado incluir en el contrato de adjudicación directa del servicio de autobuses durante dos años "una disposición por las que asumirá las pérdidas en las que pudiera incurrir la empresa por la explotación de este servicio" y si dispone de informes jurídicos "solventes" que avalen tal decisión.

También preguntará si el Gobierno de la Ciudad, en su condición de titular del servicio de autobuses, prevé "sancionar a la empresa adjudicataria por haber suspendido el funcionamiento de diversas líneas sin la autorización preceptiva".

La formación localista ha explicado en un comunicado que está asistiendo "atónita" al "bochornoso espectáculo que está ofreciendo el Gobierno de la Ciudad con motivo del contencioso que mantiene con la empresa adjudicataria (si se puede llamar así) del servicio de autobuses", la compañía Hadu-Almadraba.

Para los de Mohamed Ali, "la incalificable irresponsabilidad de un Gobierno desquiciado y a la deriva, incapaz de gestionar con un mínimo rigor los contratos públicos, ha dejado a este servicio en un limbo de inseguridad jurídica en el que nadie sabe muy bien, a ciencia cierta, cuales son los derechos y obligaciones de cada una de las partes en conflicto".

Así, según su visión "desde hace cuatro meses, usuarios y trabajadores del servicio son víctimas de un “tira y afloja” (la empresa quiere dinero, y el Gobierno no se lo quiere dar) que mantiene a todos los actores en vilo" mientras los tratos entre el Ejecutivo y la compañía "terminan siempre como el “rosario de la Aurora y lo que es peor e inadmisible, con diversas líneas suspendidas por decisión (ilegal) de la empresa. La contratación de un “servicio alternativo” es también para nota".

Según la coalición "al parecer, el último motivo de enfrentamiento es que la empresa pretende que en ese contrato que se le ha ofrecido por dos años y adjudicación directa (al amparo de una legislación que no es de aplicación según los Servicios Jurídicos de la Ciudad) se incluya la posibilidad (ilegal) de que la Ciudad asuma las pérdidas en que pueda incurrir la explotación del servicio". Para Caballas "en caso de ser así y aceptarlo el Gobierno estaríamos ante un nuevo escándalo".