En política, el poder y la línea política se mide casi siempre en euros. Un cargo público sin presupuesto que gestionar es a menudo uno de esos jarrones chinos con los que el ex presidente Felipe González definió acertadamente su situación cuando los votantes lo convirtieron en ex presidente. Tienes influencia, pero poco que hacer o demostrar con acciones concretas basadas en los fondos públicos sobre los que puedes tomar decisiones. Algo así es lo que le ha pasado a la vicepresidenta del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu. Su señalamiento en el proceso judicial por la deportación de menores extranjeros en el verano de 2021 provocó que se le despojara de las únicas competencias reales que manejaba, las de menores. Y eso a su vez ha hecho decaer el presupuesto para su área en un 85,15 por ciento respecto a lo que comenzó gestionando en 2022.

El área que dirige Deu pasa de 14,5 millones de euros en 2022 (14.515.570€) a 2,15 millones en 2023 (2.155.168,82€). Un 85 por ciento menos. Una reducción que deja a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales sin nada más que gestionar que las nóminas de su personal adscrito por valor de 1.877.167,82 euros y gastos de funcionamiento (278.001,00 euros), esto es material de oficina, material informático, dietas para viajes y reuniones, etc.

Y visto así, ¿a qué se va a dedicar Deu durante los meses que restan hasta las elecciones? Preguntado al partido de forma expresa si Deu se perfila como posible coordinadora de campaña de la próxima cita con las urnas, prevista a finales de mayo, nadie la ha señalado como tal. Tanto así que la continuidad, inicialmente no prevista, de Yolanda Bel al frente de la Secretaría General de los populares ceutíes y el regreso a primera línea de Guillermo Martínez, hace sobreentender en el seno de la formación que ambos llevarán la batuta electoral de la que será sexta campaña de Juan Vivas como candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

A Deu sí se le ha encomendado una función específica, y de cierto peso, en los últimos días. Ella es la designada por Vivas para representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta en la Comisión Mixta, recién creada, que se encargará de llevar un seguimiento sobre la evolución y aplicación de las medidas contenidas en el Plan Estratégico para la Ciudad Autónoma de Ceuta que ha aprobado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Isabel Rodríguez.

Deu, que se sepa, seguirá encargada de coordinar la acción de Gobierno. Pero en esa coordinación parece haber ganado un peso definitivo la responsable, precisamente de las cuentas, Kissy Chandiramani. Su Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública gestionará durante el próximo ejercicio 150,26 millones de euros de los 345,8 millones que suma el presupuesto municipal para 2023 sin incluir al denominado sector periférico (sociedades, fundaciones, consorcios y organismos autónomos), sobre algunos de los cuales como Procesa o el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, tiene también todo el poder al presidir sus Consejos de Administración. Es el 43,45 por ciento del presupuesto de la Ciudad.

Al contrario que Deu, Chandiramani ha tomado aún más peso en la gestión diaria del Gobierno. De los 137,3 millones que ha gestionado durante este 2022 se va los 150,26, casi un 10 por ciento más en unas cuentas que sin el sector periférico han visto incrementado su volumen total en apenas un 1,5 por ciento.

Deu comenzó la legislatura como un figura central y nuclear de la acción de Gobierno de Vivas. Coordinando no sólo la acción del Ejecutivo sino también la relación con el PSOE de Manuel Hernández que durante los primeros meses sirvió de bastón de apoyo al Ejecutivo. Una labor que en algunos casos estuvo más encaminada a generar fricciones que a salvaguardar el pacto. De cara precisamente a la aprobación de las primeras cuentas de la legislatura se generó un conflicto importante cuando se convocaron todos los Consejos de Administración del sector periférico el mismo día para aprobar sus cuentas e incorporarlas a los Presupuestos Generales y se remitió la documentación con apenas 24 horas de antelación. El hecho motivó entonces el plante de todos los grupos, incluido el PSOE, para dejar sin quorum los Consejos y forzar al Ejecutivo a hacer de otro modo las cosas.

Lejos de buscar responsabilidad en la coordinación, Deu pudo entonces empezar a hacer valer su posición política en un Gobierno que mantenía dos almas, los que querían divorciarse del PSOE para casarse con VOX y los que preferían optar por los socialistas para sortear la legislatura. El calendario laboral y el conflicto abierto en Radio Televisión Ceuta por la Gerencia y el nombramiento de Isaac Medina, acabó con la imposición de la primera corriente en la que en los mentideros siempre se situó a la propia Deu.

El tiempo, apenas un año, y la actitud de VOX acabó por dar la razón a quienes creían que la legislatura se navegaría mejor apoyándose en los socialistas y alejándose de los de Verdejo y Redondo cuyas expresiones en los Plenos y de forma pública, así como sus exigencias escoraban al Gobierno hacia posiciones que como poco corroían las cadenas de la convivencia en la ciudad.

Si la disolución del poder de Deu en el Ejecutivo que supone este presupuesto de 2023 es un anticipo de lo que en forma de lista electoral puede venir en los próximos meses lo dirá el tiempo. En el seno del Gobierno, una voz consultada, ha restado importancia a la situación y circunscribe el hachazo al presupuesto que manejará Deu a “sus competencias”, mermadas previamente.

De momento seguirá teniendo la nada desdeñable responsabilidad de representar al Ejecutivo en la Comisión Mixta de seguimiento del Plan Estratégico. Pero su caso, recuerda en cierto modo al que ya viviera otro ilustre popular, Emilio Carreira, al final de la pasada legislatura, cuando también vio mermadas sus responsabilidades de forma importante y acabó siendo la antesala de su salida del proyecto de Gobierno de Juan Vivas, aunque recientemente le haya recuperado para la Dirección General de Comunicación.

Otra cuestión será como encaja la opinión pública su situación, que de las arcas públicas salgan 2,3 millones de euros para una Consejería sin competencias de gestión. De momento, ningún grupo político se ha quejado, al menos no en el Pleno del pasado miércoles en el que se aprobaron inicialmente las cuentas para 2023.