La acumulación de advertencias —tanto del TCu como de sindicatos— añade urgencia a la respuesta institucional, aunque el Ejecutivo local prefiere tomar distancia por el momento en un escenario que abre numerosas incógnitas
“No ha habido tiempo para estudiarlo”. Al menos esa ha sido la excusa dada por el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, quien no ha querido entrar a valorar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) publicado el pasado 29 de julio que plantea la necesidad de una nueva regulación. A esto se suma que el pliego para la licitación de la Línea de Interés Público entre Ceuta y Algeciras para los próximos dos años apunta a elevar el precio de la conexión marítima con la Península en más del 70 %. Tampoco ha hecho mayor comentario el representante municipal respecto del documento elaborado por Comisiones Obreras en el que se abordan ambas casuísticas coincidentes en el tiempo que amenazan el futuro del transporte desde y hasta la localidad.
Restricciones propuestas: menos viajes, menos bonificación y más control
Entre las recomendaciones del TCu destacan medidas como endurecer el concepto de residencia, establecer límites a las bonificaciones o incluso excluir del descuento los billetes de categorías superiores o de lujo. Además, sugiere opciones como fijar un importe máximo bonificable, limitar el número de viajes al año o vincular la ayuda a la renta del beneficiario.
"Es algo en lo que evidentemente nos vamos a interesar de manera inmediata", ha aclarado Gaitán, pero el portavoz del Gobierno se ha mantenido cauto y ha recalcado la necesidad de "analizar y estudiar" los pliegos. "Si bien es verdad que la Ciudad siempre está a favor de estas bonificaciones", Gaitán no ha querido realizar afirmaciones tajantes. "Vamos a ver en qué términos ha redactado el Tribunal de Cuentas su informe para conocer cuáles son esas limitaciones que establece y, a partir de ahí, poder sacar conclusiones", ha comentado al respecto.
Sin postura sobre la creación de una naviera pública
Sobre la posibilidad de creación de una naviera pública —que no sería de gestión municipal— en la que participaran la Ciudad Autónoma, el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, Gaitán tampoco se ha pronunciado. “Tenemos que analizar ese informe o ese documento, tampoco sé si ha llegado y no quiero mentir, si ha llegado, pues llegaría el día de ayer. Entonces esto hay que analizarlo y ver cuál es la propuesta que establece”, ha repetido.
CCOO lanza la voz de alarma
Las alarmas saltaban ayer mismo, cuando CCOO hacía pública su preocupación ante las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que publicó su informe de fiscalización sobre el programa de subvenciones al transporte marítimo para residentes y familias numerosas, correspondiente al ejercicio 2023. En este documento, el órgano fiscalizador planteaba la necesidad de una nueva regulación que sustituya la actual normativa incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que ha sido objeto de varias modificaciones.
En paralelo, el nuevo pliego de condiciones para la línea marítima entre Ceuta y Algeciras recoge subidas de más del 70 % en determinadas tarifas. CCOO denuncia que, al contrario de aliviar la situación, estas nuevas tarifas máximas “perjudican a los ceutíes”, y señala que el incremento en el billete de vehículo ronda el 43,5 % solo en ida, y un 74,7 % en el trayecto de ida y vuelta. Además, se han eliminado modalidades reducidas como la ida y vuelta para pasajero, lo que eleva el coste final entre un 30 y un 35 % según estimaciones sindicales.
La incertidumbre crece
La cuestión es que la acumulación de advertencias —tanto del TCu como de sindicatos— añade urgencia a la respuesta institucional, aunque el Ejecutivo local prefiere tomar distancia por el momento. “No ha habido tiempo para estudiarlo”, repite Gaitán, aludiendo a la complejidad y la necesidad de seguir el procedimiento legal.
Sin embargo, el escenario actual ya abre numerosas incógnitas, sobre si se mantendrán las bonificaciones actuales mientras se impulse la reforma; si se abordará la subida del 70 % reflejada en los nuevos pliegos con mecanismos de compensación temporal; o si se incorporarán criterios vinculantes sobre renta y número de viajes, como recomienda el Tribunal.
El tiempo apremia y las decisiones pendientes podrían tener un impacto directo en el bolsillo de miles de residentes. El debate está servido.
