El Gobierno de Ceuta ha solicitado por escrito a la Comandancia General militar de la ciudad autónoma la cesión de “alguna instalación militar”, preferiblemente en la periferia, donde puedan “tener cabida” los cerca de 150 menores extranjeros no acompañados (MENA) de origen magrebí que actualmente se encuentran en el centro de ‘La Esperanza’, unas dependencias que la Fiscalía ha ordenado al Ejecutivo local clausurar antes de finales de enero, y a los cuarenta subsaharianos que están en 'Mediterráneo'.

Según ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz gubernamental, Guillermo Martínez, “se ha remitido una carta al comandante general para la cesión, siquiera temporal, de alguna instalación en desuso, sin centrarnos en ninguna en concreto, con capacidad para acoger a unos 200 menores”.

“Si la solución que se nos ofrece fuese definitiva, miel sobre hojuelas”, ha ampliado el consejero, que busca una alternativa “viable desde el punto de vista de las condiciones de protección de los niños que se nos exigen como Administración competente en materia de Menores; asumible desde el punto de vista económica y con el menor impacto social posible”, esto es, lejos de los núcleos urbanos con mayor densidad de población.

El Ministerio Fiscal ordenó a finales de noviembre al Ejecutivo ceutí cerrar ‘La Esperanza’ en el plazo máximo de dos meses después de que el Gobierno renunciase a la posibilidad de hacerlo por iniciativa propia llevando a los menores allí acogidos al albergue para alojamientos protegidos que está terminando de construir el Estado, en el que hubiese tenido que invertir 1,5 millones en reformas sin haberlo estrenado siquiera.

Desechada esta opción, el Ejecutivo de Vivas volvió a su idea original, que pasa por la construcción de un nuevo centro de menores, no antes de 2014, en colaboración con el sector privado y con un coste aproximado de 5 millones de euros.

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