El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes inicialmente con los votos a favor de Populares y socialistas el Reglamento de la Mesa General de Negociación de empleados públicos de la Ciudad Autónoma, de la que se quedan fuera los trabajadores de las sociedades municipales, hecho que ha llevado al primer grupo de la oposición a votar en contra del texto.

Juan Luis Aróstegui ha defendido en nombre de Caballas que tal distinción “margina” y “discrimina” a los trabajadores del sector público periférico y ha sido especialmente duro con las formas que está siguiendo el PP para "reorganizarlo". “Ustedes profundizan con este texto, que traen tarde y mal, en la incertidumbre que están sembrando entre cientos de empleados, a los que ahora dejan claro que para el Gobierno no son trabajadores públicos”, ha lamentado el localista, que también ha denunciado la “coacción” a la que se ha sometido a la plantilla de ACEMSA “para aprobar un Plan de Empresa del que ni este Pleno ni el Consejo de Administración sabe nada bajo la amenaza de privatizar la sociedad”.

Márquez le ha replicado que un informe de la Secretaría General de la Asamblea deja claro que los empleados de las empresas públicas no pueden quedar directamente amparados por la Mesa. “La normativa distingue entre la Administración pública y el sector público y hay numerosa jurisprudencia al respecto”, ha argumentado el consejero de Recursos Humanos.

Según Márquez, “ninguna central sindical [CCOO mantiene la misma posición que Caballas] se ha opuesto a un texto” que, ha destacado, “se aplica de forma análoga en otras regiones de España”. “Usted ha querido derivar el tema a otro asunto, el de la reorganización del sector público periférico, sobre la que estamos reflexionando porque es necesaria y consecuente y que será negociada e informada para garantizar la sostenibilidad del sector público en general para los próximos años”, ha criticado.

“Harán falta esfuerzos de todos”, ha hilvanado Márquez, “pero aquí no hay nadie de segunda categoría porque no hay categorías, y lo que traemos aquí es básicamente positivo, y en el trámite que ahora se inicia podrá mejorarse, por lo que no debería generar tan furibunda oposición, al menos en sus términos”.

El portavoz socialista, José Antonio Carracao, ha dado por bueno el “cómo” seguido para elevar al Pleno el Reglamento y su contenido, que según ha dicho considera suficientemente avalado jurídicamente. “No se abandona ni se menosprecia a nadie”, ha destacado tras argumentar que UGT también opina lo mismo.

En el segundo turno de intervenciones Aróstegui ha insistido en que el artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece “claramente” qué son empleados públicos. “Lo razonable sería discutir su plan de reestructuración en la Mesa General, un órgano diseñado para estas cuestiones, pero si ustedes excluyen a las sociedades municipales... ¿Dónde lo van a hacer?”, ha preguntado.

"Hay que distinguir los términos de la calle de los jurídicos"

“Por eso hay una marginación, porque cuestiones que afectan a más del 35% de los empleados de esta Ciudad no están bajo el paraguas de la negociación colectiva: se trata de hacer lo mejor para la ciudad, y lo mejor, según el discurso del presidente, es una Mesa donde se puedan discutir de forma coherente todos los asuntos relacionados con este colectivo, en el que aunque usted no lo quiera reconocer están todos”.

Para Aróstegui una solución muy sencilla sería abrir la Mesa General para que después, en su seno, se diriman las cuestiones de cada ámbito de la Administración en mesas sectoriales. “Como casi siempre, aquí priman intereses distintos de los generales”, ha dicho el localista, “pero en el próximo Pleno diré los argumentos por los que usted trae esto al Pleno hoy”.

“No hay ninguna discriminación porque si la hubiese nos opondríamos”, ha vuelto a justificado el PSOE su alineamiento con el PP. “Por respeto a ACEMSA deberíamos dejarles que libremente decidan cuál es su futuro”, ha concluido Márquez, que ha subrayado que hay que distinguir “los términos de la calle de los jurídicos” para argumentar la exclusión de las sociedades municipales.

El "máximo órgano de negociación colectiva"

La Mesa General se autodefine como“el máximo órgano de negociación colectiva para la determinación de las condiciones de trabajo del personal del sector público”, entendiendo como tal a “Ayuntamiento y Organismo Autónomos”. Quedará formada por un máximo de siete representantes de la Administración y los mismos de las organizaciones sindicales “que acrediten el 10% del conjunto de representantes unitarios de funcionarios y laborales en el sector público de la Ciudad” y otro tanto porcentaje “en las Administraciones Públicas a nivel nacional”.

La Mesa General deberá reunirse “al menos una vez cada dos meses” y “en todo caso” siempre que lo solicite la Administración o al menos dos tercios de los delegados sindicales. Las partes podrán alcanzar acuerdos “para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Ciudad” siempre y cuando “se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano que lo suscriba”.

Los acuerdos exigirán “para su validez y eficacia” que estén respaldados “por la mayoría de cada una de las dos representaciones de la Administración y la parte social”. Los pactos alcanzados deberán ser remitidos “a la mayor brevedad” al Consejo de Gobierno para que este ordene su publicación en el BOCCE o, en caso de no refrendarlos, dar la posibilidad a la Mesa para que alegue lo que estime conveniente en diez días y vuelva a presentar su acuerdo al Ejecutivo.