A las puertas del juicio por las supuestas 'devoluciones en caliente' de menores tras la 'crisis de mayo' del 2021 el presidente mantiene su postura y asegura que desde la Ciudad "se actuó de buena fe"
Han pasado cuatro años desde que la vicepresidenta de la Ciudad y la delegada del Gobierno, Mabel Deu y Salvadora Mateos, tomasen la decisión de repatriar de manera irregular de varios menores que entraron en Ceuta entre el 17 y el 18 del mes de mayo de aquel 2021. Una decisión por la que el próximo martes 17 de junio se sentarán en el banquillo de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz por supuesta prevaricación y que para el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no tuvo en ningún momento mala fe.
"Estoy totalmente convencido de la inocencia de la señora Deu, porque lo viví de cerca y sé que se actuó de buena fe, en interés del menor", ha reiterado esta mañana sobre el "retorno asistido" de los jóvenes, que fueron tildados por las organizaciones humanitarias de "devoluciones en caliente" al no haber mediado Fiscalía ni haber contado con expedientes individualizados entre otras violaciones de la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño.
Un detalle que ha recalcado el presidente, quien ha insistido en que "se actuó en colaboración con la otra administración" y "con transparencia" en un "momento extraordinariamente difícil", recordando el acuerdo bilateral de España con el país vecino de Marruecos. "Se actuó en una situación de emergencia humanitaria y en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Ceuta", ha incidido sobre la 'crisis de mayo' y el que creían "era un instrumento jurídico eficaz".
"Deu no estuvo sola entonces y tampoco lo está ahora", ha vuelto a recalcar Vivas, quien ha señalo que "hasta que no haya una condena y esta sea firme la presunción de inocencia sigue existiendo" pero no obstante ha concedido que "los pronunciamientos judiciales que se han producido con posterioridad a aquel momento y en particular el del Supremo de 2024 han demostrado que aquel acuerdo está subordinado al reglamento de la Ley de Extranjería". Razón por la cual ha equiparado la defensa de la actuación de la entonces vicepresidenta al traslado de menores a la Península y la aplicación del Real Decreto Ley que regula este.
En todo caso, desde el punto de vista del presidente "las leyes son interpretables" y "un error" en la lectura "no es un delito" si no existe la intención de delinquir -"y no la hubo"- y "se tiene que producir una infracción flagrante, grosera del ordenamiento jurídico" -que cree "que tampoco lo hubo"-. "En aquel momento era interpretable si se podía aplicar o no de manera directa el acuerdo con Marruecos hoy ya no lo es porque se ha pronunciado el Supremo, pero se ha pronunciado en 2024", ha zanjado.
