Esperanza Aguirre ha propuesto que, en la Comunidad de Madrid, los profesores y maestros pasen a ser considerados por ley como agentes de la autoridad, beneficiándose de esta forma de la protección que el Código Penal otorga a los atentados contra los agentes de la autoridad.

El Tribunal Supremo, en una reiterada jurisprudencia de su Sala 2ª, ha indicado que la consideración de agente de la autoridad solamente puede ser establecida mediante una Ley, con lo que cabe perfectamente la definición por medio de una Ley Autonómica.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado sus dudas sobre la capacidad de la Comunidad de Madrid de afectar así a un precepto penal, pero es el problema de los presupuestos de hecho en blanco, de los que tanto ha hablado y escrito el profesor Enrique Gimbernat.

En mi opinión la intención de Esperanza Aguirre es perfectamente constitucional. Además no sería la primera figura educativa considerada agente de la autoridad pues la propia Ley Orgánica de Educación les da esta condición a los inspectores de educación.

No voy a entrar en por menores ni en casos que conozco de primerísima mano. El tema ya no es el debito respeto que merecen los maestros y los profesores, el asunto es que no hay que permitir que se menoscabe su dignidad como seres humanos, que es en lo que ocasiones sucede, con unas sanciones ridículas a las infracciones que son más que nada una invitación a la reincidencia por medio de la impunidad.

Espero que esta propuesta de la Presidente de Madrid se concrete y que sea adoptada por más Comunidades Autónomas e incorporada a la normativa estatal. Sí, es lamentable tener que incluir en las leyes normas de este tipo, pero es peor el miedo que muchos profesores y maestros tienen en su trabajo.