Es tímido. Cuando le cuesta hablar sobre algo, se calla y retuerce los pies. No quería atender a esta entrevista. “No te puedes fiar de nadie”, argumenta, cuando uno vive sin papeles. Y menos hablar con periodistas. Pero Adama (nombre ficticio) decide que la ocasión lo merece. Es su forma de luchar contra una medida, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir de septiembre, que hace unos años podría haberle dejado ciego, sin posibilidad de someterse al trasplante de córneas que necesitaba. Aún puede despojarle del seguimiento y la medicación que aún precisa.

Aunque parece más joven, Adama ya ha cumplido unos 36 años en los que le ha dado tiempo de emigrar de Sierra Leona -donde vive su familia, emigrada a su vez desde Mali-, a Gabón y volver a casa para viajar luego a las Canarias en patera. Llegó la Nochevieja de 2007. Empezó el año siendo rescatado, con 116 personas más, por la Cruz Roja. Tras esquivar los intentos de repatriación, llegó a Madrid, donde inicialmente fue atendido por la Cruz Roja: “Empecé a dar clases, para aprender a leer y escribir, y se dieron cuenta de que tenía un problema en la vista”.

“Yo pensaba que necesitaba gafas, porque veía borroso; de lejos, solo distinguía bultos”. Pero resultó ser más grave: distrofia macular corneal. “Degenerativa, o sea, que podía quedarse sin visión”, apunta la técnico de acogida humanitaria de la entidad que atiende a Adama. “Tenía miedo, no entendía muy bien eso del trasplante, pero me explicaron que lo necesitaba y me incluyeron en la lista de espera”, detalla él. Eso después de pedir la tarjeta sanitaria con el certificado de empadronamiento, el número de la Seguridad Social y una declaración de no tener ingresos.

Ahora mismo la lleva en la funda del abono del Metro. Caduca en agosto de 2012, justo cuando el Gobierno ha decidido retirar la cobertura a los inmigrantes, como Adama, en situación irregular. Él se sometió al primer trasplante -en uno de los ojos- en 2009 y, al segundo –en el otro-, un año después. Desde entonces, sigue un tratamiento médico. “He tenido que ir mucho al médico y hacer un tratamiento, usar colirios sobre todo, incluso tuvieron que sacarme sangre para prepararme un suero especial”.

En este tiempo, ha ido compatibilizando sus clases de español con la búsqueda de empleo, aunque, por su enfermedad, campos como el de la construcción quedan fuera de su alcance. “Me gustaría encontrar algo en jardinería o en restauración”. Por ahora, solo le han salido oportunidades muy puntuales como repartir publicidad o, lo que le cuesta más reconocer, pasear perros. Con eso saca algo de dinero, porque el alojamiento y la comida se la proporciona la entidad de atención a migrantes con la que también colabora ahora como voluntario.

“Necesito un trabajo para lograr la residencia y la residencia para encontrar un trabajo”, se queja enunciando el eterno círculo vicioso de la inmigración irregular. Ahora ha llegado a un acuerdo con un particular para que le contrate como empleado doméstico y lo ha pedido los papeles. Con suerte, porque lleva ya varios meses esperando, espera tener trabajo este verano y así mantener su tarjeta sanitaria y su tratamiento. Pero eso no le tranquiliza: “Estoy angustiado por estas noticias y por la tarjeta sanitaria. Tenemos que hacer algo, porque nos perjudica mucho”, comenta. Sobre la aportación al sistema sanitario que se reclama a los inmigrantes irregulares para justificar su exclusión, responde: “Están diciendo que alguien sin residencia no puede trabajar, ¿cómo va a aportar si no puede trabajar? No lo entiendo”.