La democracia liberal es un sistema aburrido. Los ciudadanos pueden hacer caer al gobierno, es decir, la conspiración popular está legitimada y legalizada y hasta se financia a costa del Estado. Los sistemas no democráticos necesitan ser ellos los que exterioricen lo político, porque si no lo harán otros. Por ello organizan actos grandiosos, momentos patrióticos inolvidables y manejan una estética impensable e innecesaria para una democracia.

Una cosa que siempre les ha encantado a los sistema o democrático es la acumulación de personas para manifestar un respaldo popular que no se atrevían a contrastar en la frialdad de las urnas. Siguiendo la poco democrática doctrina de Schmitt daban un valor legitimador fundamental a las manifestaciones externas, por controladas y orquestadas que estuvieran o precisamente por ello.

Manifestarse, con todo, es un derecho fundamental en las democracias liberales. Un derecho fundamental cuya trascendencia político-constitucional se agota en su ejercicio. El gobierno no tiene que hacer lo que le digan los manifestantes que hagan ni dejar de hacer algo que a los manifestantes les parezca mal. Su legitimidad la ha recibido de las urnas y no de las calles. Otra cosa es que, estratégicamente, considere oportuno o no atender las peticiones de los manifestantes.

El gobierno presidido por José María Aznar apoyó la Guerra de Irak contra numerosas manifestaciones en contra. Tenía la legitimidad para hacerlo y lo hizo. El gobierno de Rodríguez Zapatero, que lleva muchas más manifestaciones en contra que Aznar en sus dos mandatos, tiene la legitimidad para presentar la reforma de la regulación del Aborto y las Cortes la de aprobarla, por más personas que salgan a la calle con su correspondiente multiplicación por veinte.

Si realmente la mayoría de los españoles están en contra de la nueva regulación, lo inteligente, por parte del PP, sería hacer de este tema el eje de la próxima campaña electoral, pero me temo que no va a ser así porque la mayoría de los españoles no están en contra.

Los manifestantes tienen todo el derecho a salir a la calle, derecho que han podido ejercer a la perfección. Pero no tienen que confundir la manifestación con el ejercicio de soberanía, que en una democracia liberal se da en los colegios electorales y es suma, en este caso sí, de millones de voluntades. Unas elecciones son aburridas, pocos coloristas y, la verdad, siempre me vienen a la memoria el montón de horas como interventor o como presidente de mesa, pero aún no hemos encontrado una mejor forma de preguntarle a los españoles que es lo que mayoritariamente quieren.

Una manifestación no tiene ningún valor político-constitucional más allá de la expresión política de los manifestantes, que generalmente son el sector más concienzado con el asunto en concreto y que puede que hayan hecho de ése el centro de sus agendas políticas particulares.