La sexta sesión del juicio contra el entramado familiar acusado de blanquear dinero del narcotráfico y de organización criminal quedó muy menguada, al reiterarse los testimonios de guardias civiles sobre las mismas vigilancias y registros y retirarse cinco testigos que iban a hablar sobre una de las acusadas respecto de la que el juicio ha quedado suspendido por padecer una enfermedad terminal
La sexta sesión del juicio contra la familia acusada de blanqueamiento de capitales y de organización criminal dio poco de sí al reiterarse testimonios de agentes de la Benemérita que participaron en registros y operativos de los que ya se había hablado con anterioridad y al prescindirse de cinco testigos que únicamente iban a aportar información relativa a P.P.D.L., hermana de los supuestos cabecillas F.J.P.L y A.D.P.L. -ambos fugados de la justicia-, respecto de la cual el juicio ha quedado suspendido por padecer una enfermedad terminal. Sin embargo, asomó entre los testimonios una realidad reseñable, el hecho que desde hace décadas y, en algunos casos continuando en la actualidad, los puestos de hamburguesas de Ceuta estén funcionando sin licencias municipales ni mayor control que el muy láxamente ejercido por la Inspección de Trabajo.
Doce de los trece acusados (N. A. M., M. A. L. M., C. S. P., F. J. R. L., M. D. M. L. D., Á. D. L. R., Á. P. D. L., C. M. V., A. M. M., D. V. O. y R. T. M) se sentaron de nuevo en el banquillo en la tarde de la sexta jornada de la vista oral seguida por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Todos a excepción de la anteriormente citada P.P.D.L..
Los presentes pudieron escuchar testimonios de varios guardias civiles que durante la mañana reiteraron informaciones ya explicadas con anterioridad por otros compañeros relativa a registros domiciliarios y seguimientos a integrantes de la organización. En este sentido, se volvió a insistir en las relaciones de estas personas con figuras relacionadas con el narcotráfico a través de visitas express a Algeciras, en las que daban vueltas con el coche para hablar o se veían durante unos minutos en bares y restaurantes.
Durante la tarde se esperaba el grueso de las testificales que podían aportar novedades. Sin embargo, todas las partes renunciaron a cinco de ellas, dado que únicamente iban a situar en el contexto de la banda a P.P.D.L.
La realidad de las hamburgueserías ilegales
De entre los testigos restantes, destacó lo expuesto por el hombre que mantuvo alquilado el puesto de hamburguesas de la familia antes de que esta se decidiera a explotarlo de maneta directa, en teoría como método de blanqueo. El hombre que estuvo arrendado en ese espacio -dominio público sin ninguna licencia ni en realidad propiedad- durante más de diez años explicó que siempre se dirigió para el arrendamiento al líder de la banda, F.J.P.L., que sin embargo nunca constó como titular del espacio, cuya gestión las defensas insisten en asociar a su hermano A.D.P.L. y a su madre. A esta última dijo el testigo ni siquiera conocerla.
Por el alquiler les abonaba "seiscientos euros al mes en efectivo" merced a un "trato verbal". "En aquella época y, casi que ahora también, se funcionaba así porque ninguna hamburguesería tenía documentación", reconoció el hombre, que no sabe como la Ciudad permite que esas actividades se mantengan sin licencia ni control, a excepción del laboral: "Pasábamos las inspecciones de trabajo y seguíamos funcionando (sin licencia). A nosotros no nos llegó ningún requerimiento", explicó, sobre un modelo de negocio que parece de esta forma la perfecta tapadera para organizaciones como la protagonista de esta causa.
El terreno del Toboso
Otra cuestión que volvió a tratarse en la sala este jueves fue la adquisición de unos terrenos anexos a la gran finca de la familia -donde tenían 71 caballos de pura raza y una lancha semirrígida escondida- que el abuelo de los supuestos líderes dijo en pasadas jornadas iba a comprar junto a su nieto de 18 años. Sin embargo, según lo expuesto por el padre de F.J.P.L. y A.D.P.L. esa compra no llegó a hacerse -a pesar de haberse pagado una señal y firmado un contrato de arras- porque el propietario "no tenía escrituras".
Justo intervino en esta sexta sesión el dueño de ese suelo -propiedad compartida con sus dos hermanos- que contradijo en gran medida al abuelo de los dos fugados. Dijo que fue A.D.P.L. quien se dirigió a él para la adquisición, explicándole este que era su padre el más interesado en esa operación, pero no acudiendo con su nieto que por entonces tenía 18 años. También negó que el problema que frenó la venta fuera la falta de registro documental de esa propiedad -"eso ya lo sabían desde el principio", afirmó-, sino el hecho de que la transacción la llevase el abogado malagueño implicado en el entramado de sociedades de la familia, cuyo despacho fue registrado: "Me avisó mi letrado de que había habido algún problema, que la Guardia Civil había entrado en su oficina y aunque después me intenté poner en contacto con ellos, ya no lo conseguí", aclaró.
