La justicia ha determinado que López recibió fondos ilícitos casi 2 millones de euros de forma ilícita y utilizarlos en la compra de inmuebles, vehículos de lujo y activos financieros. Las transacciones realizadas entre 2010 y 2015 justificaron su estilo de vida suntuoso con ingresos ilegales
Antonio Javier López Fernández ha sido sentenciado tras ser encontrado culpable de recibir un total de 1.978.656,81 euros de forma ilícita, en la causa por el conocido como Caso Emvicesa. Estos fondos provenían de la aceptación de peticiones para designar beneficiarios de inmuebles de protección oficial. Entre 2010 y 2015, López Fernández llevó a cabo numerosas transacciones financieras, justificando estos ingresos ilegales mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo y activos financieros.
Las investigaciones revelaron que López Fernández utilizó los fondos ilícitos para adquirir varios inmuebles, incluyendo:
Una vivienda en Cádiz (2010), comprada por 180.000 euros y financiada mediante un préstamo personal de 210.000 euros. Posteriormente, dividió la propiedad y vendió dos departamentos por 140.000 euros.
- Un inmueble en Ceuta (2010), adquirido por 150.000 euros, parte del cual fue pagado en efectivo (86.190,95 euros) y el resto mediante subrogación hipotecaria.
- Dos viviendas dúplex en Marbella (2012), adquiridas por 410.100 euros, financiadas con un préstamo hipotecario y una transferencia personal.
- Una plaza de garaje en Marbella (2013), comprada por 11.700 euros.
- Una parcela en Marbella (2015), adquirida a través de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Time to Buy, S.L., por 100.000 euros.
Entre sus adquisiciones más notables se encuentra un Porsche Boxster (2014), comprado por 53.261,25 euros. López Fernández realizó pagos iniciales y utilizó un préstamo para completar la compra.
Entre 2010 y 2015, López Fernández también invirtió en varios activos financieros, incluyendo: acciones de Gas Natural y Ferrovial; participaciones preferentes de CAM y acciones de Telefónica.
La sentencia atribuye a López Fernández manipulaciones financieras, incluyendo pagos adelantados para cancelar deudas, como un préstamo hipotecario de 210.000 euros. Además, contrató un préstamo personal de 120.000 euros con Banco Sabadell, utilizando este capital en diversas transacciones.
La Sala prueba que Antonio Javier López Fernández utilizó los fondos ilícitos para construir un considerable patrimonio personal y empresarial, a pesar de contar con una nómina mensual como funcionario público inferior a 4.000 euros. Estas actividades fueron respaldadas por documentación bancaria, escrituras públicas y pruebas fiscales.
