El Gobierno de Vivas y la Administración General del Estado van a apretar más las tuercas a la 'gallina' que no pone y alborota la ciudad, la del negocio de la ropa procedente en su mayoría de China que presuntamente usa Ceuta para escamotear impuestos, que colapsa los polígonos y la frontera del Tarajal y que tiene soliviantado a Marruecos, preocupado por su industria textil.

El Ejecutivo local del PP espera aprobar este mes o en enero, cuanto antes, una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) para atajar la supuesta evasión fiscal detectada en el tránsito de ropa usada o a granel que hace escala en el Tarajal.

Con un tipo de gravamen ya situado en el máximo posible, el 10%, la Consejería de Hacienda quiere elevar la base imponible en Operaciones Interiores e Importación de “las prendas y complementos de vestir y sus partes, mantas, ropas de cama, mesa, tocador o cocina, artículos de tapicerías, calzado, sombreros y demás tocados” que tengan “señales apreciables de uso” o que se presenten “en ‘balas’, sacos (bolsas) o acondicionamiento similares”.

En el apartado de Operaciones Interiores, esos productos tendrán como base imponible “el resultado de multiplicar por cuatro euros el número de kilogramos de producto elaborado” o “el importe total de la contraprestación correspondiente del destinatario o de terceras personas”, según han detallado a Ceutaldia.com fuentes del Ejecutivo local.

En lo tocante al IPSI Importación se precisa que las mercancías afectadas por el cambio de la Ordenanza serán las referidas anteriormente “que hayan sido fabricadas o tengan su origen en territorio no integrado en la Unión Europea”.

En este caso la base imponible también será “el resultado de multiplicar por 4 euros el número de kilogramos de producto importado” o “lo dispuesto en las normas reguladoras de la base imponible de las importaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”.

La Ciudad exigirá, para el régimen de autoliquidación, “factura original o proforma de la adquisición”, “factura relativas a transportes, seguros y fletes” y, en du caso, “certificado de avería”. Por añadidura se extremarán los controles sobre esa documentación y el peso de las mercancías. Finalmente, el ingreso de lo devengado tendrá que hacerse con carácter general “con anterioridad al acto administrativo de despacho” o a la entrada de los productos en la ciudad.

El consejero de Hacienda, Emilio Carreira, ya ha encargado a la Dirección General de Recursos Humanos adscribir al actual jefe del Negociado de Gestión Interna de la Administración local, Juan Carlos Lara, a la nueva oficina de inspección fiscal que la Administración local va a abrir en el Puerto con cerca de media docena de policías locales en segunda actividad y funcionarios de Servicios Tributarios.

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