El PSOE indica que aunque el poder de Alberto Solano haya podido ser revocado recientemente "el hecho de actuar como administrado de facto agrava la situación, ya que afectaría a su cargo de diputado. Hemos de recordar que en el Derecho Mercantil se recoge la figura del factor notorio, esto es, aquel que actúa en nombre de una sociedad sin tener un poder formal, asumiendo la sociedad como propia de sus actuaciones".
Ocho trabajadores cuyos contratos finalizaron en noviembre dd 2005 han reclamado ante el Juzgado de lo Social las cantidades que la empresa les adedua, que ascienden a 20.700 euros.
El PSOE pide al presidente Juan Vivas la destitución de Solano, ya que consideran que el viceconsejero ha ocultado intereses privados, además de exigir que devuelva el dinero que ha cobrado por su dedicación exclusiva.