UGT Manifiesto 1 de mayo 2017. Día Internacional del trabajo

Buena parte de la vida de las personas se mide en horas de trabajo. Un esfuerzo y una dedicación que se compensan mediante retribuciones con un objetivo esencial: poder vivir dignamente y desarrollar un proyecto vital. Sin la fuerza del trabajo, de todas las trabajadoras y trabajadores, no se genera riqueza y no hay progreso.

Desde 2008 muchos de los derechos de la clase trabajadora han sido eliminados. Primero, por el efecto directo de una intensa crisis, provocada por un capitalismo sin control y por la avaricia de un sector financiero alejado de los intereses de las personas y de la economía productiva. Y después, por unas políticas, mal llamadas de austeridad, que han aumentado la precariedad laboral, han reducido salarios y prestaciones sociales y han recortado derechos y libertades. Unas políticas que, en suma, han empobrecido a la mayoría social, que somos los trabajadores y las trabajadoras, y han aumentado las desigualdades de manera drástica.

Ahora, la economía española lleva tres años creciendo; las estadísticas de empleo mejoran; lentamente, se reduce el paro; ya no hay amenaza de ruptura del euro; y las empresas han recuperado ya los niveles de beneficio de antes de la crisis. Estamos saliendo de la crisis, nos repiten.

NO es verdad. Porque esos datos no se reflejan en una mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora. Crece la economía, crecen los beneficios empresariales, pero las patronales siguen resistiéndose a que los salarios tengan una subida digna en los próximos años.

Seguimos teniendo 2,2 millones de ocupados menos que en 2007.

La tasa de paro es del 18,6%, diez puntos más que en 2007, y la segunda más alta de la UE.

Cuatro de cada diez desempleados llevan más de dos años en paro.

Los jóvenes se van del país buscando un futuro mejor

El empleo es cada vez más precario, y aumentan las formas de explotación laboral, como las empresas multiservicio, que compiten vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras mientras muy pocas voces de la empresa lo critican.

Los salarios no crecen, mientras los precios suben.

Las mujeres siguen discriminadas en el trabajo, y su sueldo es un 23% inferior al de los hombres.

Las prestaciones por desempleo solo cubren a la mitad de las personas desempleadas.

Las pensiones tienen cuantías, literalmente miserables.

Todo ello tiene una consecuencia dramática: las desigualdades, la pobreza y la exclusión social han aumentado sensiblemente y ya afectan a casi el 30% de la población. No lo decimos solo los sindicatos; lo dicen también el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y la OCDE.

La mayoría de la población, la clase trabajadora, sigue sumida en una profunda crisis económica, de empleo y de expectativas. Mientras, el Estado se gasta decenas de miles de millones de euros en rescatar bancos o empresas de autopistas. Esto NO puede ser.

Nos venden una situación de bonanza y estabilidad que las familias no perciben. Esta situación NO es sostenible y NO es justa. Y está creando el caldo de cultivo para el crecimiento de formaciones políticas y movimientos retrógrados y extremistas en todo el mundo desarrollado. Debemos cambiar este estado de cosas. NO HAY EXCUSAS.

LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEBEN BENEFICIARSE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: MÁS Y MEJOR EMPLEO

El crecimiento económico debe llegar a todos y a todas. Para ello, es preciso crear empleo estable y de calidad, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social. Y para lograrlo necesitamos nuevas políticas y nuevos consensos.

Hoy, 1 de Mayo, CCOO y UGT pedimos al Gobierno de España, a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y a las formaciones políticas con representación parlamentaria, que apoyen e impulsen las reformas y cambios necesarios para hacer posible que el aumento de la producción y de la riqueza beneficie al conjunto de la sociedad, y entre ella, a la clase trabajadora, que ha sido especialmente castigada en la última década.

Es necesario derogar las últimas reformas laborales, que han instalado la precariedad como norma de contratación. La prioridad debe ser crear empleo indefinido, estable y con derechos. La competitividad de las empresas no puede anteponerse al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, como la no discriminación o la seguridad y salud laboral.

Es preciso poner en marcha un Plan de Choque por el empleo para dar oportunidades a aquellos que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo, y en especial a los parados de larga duración y de mayor edad. Y también hay que hacer que la Garantía de Empleo Juvenil funcione, para evitar la fuga de talento y el desperdicio de recursos que supone tener a toda una generación de trabajadores jóvenes en paro o con empleos precarios. Hay que devolver la esperanza y las expectativas de progreso a los jóvenes, porque son el futuro.

Es imprescindible devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva, para que sindicatos y empresarios podamos negociar en igualdad de condiciones el contenido de los convenios, algo que destruyó la reforma laboral de 2012. Hay que reforzar los convenios sectoriales y garantizar la ultraactividad de los convenios. Porque sin una negociación colectiva más equilibrada no es posible que mejoren el empleo, los salarios y las condiciones de vida de la población asalariada.

Pedimos también recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación colectiva en el sector público, cuyos trabajadores y trabajadoras han sufrido con especial rigor los ajustes de los últimos años. Sin empleo público de calidad no habrá servicios públicos de calidad.

Hay que reformar el sistema de prestaciones por desempleo, para hacer que llegue a todas las personas sin empleo y que ofrezca unas garantías dignas. De manera prioritaria para los trabajadores mayores, que se ven en muchas ocasiones expulsados del mercado de trabajo sin posibilidad de alcanzar una pensión digna.

Exigimos un salario mínimo interprofesional suficiente y estable, que se mantenga en el tiempo. Hay que llegar a un SMI de 1.000 euros a final de esta legislatura, y garantizar que será siempre, al menos, equivalente al 60% del salario medio del país, como dice la Carta Social Europea.

Exigimos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres que cierre de una vez la brecha salarial.

Es urgente derogar la reforma de las pensiones de 2013, que está empobreciendo a nuestros mayores, y fijar mecanismos para garantizar que no perderán poder de compra.

Necesitamos una reforma fiscal integral, que consiga más ingresos y reparta mejor los esfuerzos, haciendo que paguen más los que más tienen. Reclamamos mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, y la erradicación de los paraísos fiscales, que son una vergüenza consentida por los países desarrollados que está quitando miles de millones de euros para aplicar políticas de solidaridad y protección social.

Exigimos la puesta en marcha inmediata de una Prestación de Ingresos Mínimos como la propuesta por UGT y CCOO y que ya ha aprobado el Parlamento, para sacar de la miseria a las 630.000 familias que no poseen recursos.

Exigimos al Parlamento español que no ratifique el CETA, Acuerdo de Comercio e Inversión UE - Canadá, por las nefastas consecuencias que su aplicación tendrá para los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía y el medio ambiente

Reclamamos la recuperación progresiva del gasto en Sanidad, Educación, Protección Social y ayuda a la Dependencia, extendiendo su cobertura y mejorando la calidad de sus servicios.

Es preciso poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, que impulse un cambio de modelo productivo en nuestro país para generar más riqueza y con empleo más productivo y de más calidad.

En el mismo sentido, reclamamos una mejor política científica y unas condiciones de trabajo dignas para la comunidad investigadora, como exigieron miles de personas en la Marcha por la Ciencia del pasado 22 de abril.

Todo ello en el marco de un país necesitado de una fuerte regeneración democrática y cultural, que deje atrás de una vez por todas la confesionalidad del Estado, y que combata radicalmente la corrupción.

Todo esto se puede hacer ya. NO HAY EXCUSAS.

Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no van en esta línea, sino que insisten en las recetas fracasadas del pasado. Tampoco en las mesas del diálogo social, el Gobierno y las organizaciones empresariales dan señales claras de cambio. La mayoría social reclama más y mejor empleo, más protección social y mejores servicios públicos, pero las políticas actuales siguen ofreciendo ajustes, desequilibrios y carencias.

Por eso, las organizaciones sindicales CCOO y UGT comenzamos en el mes de febrero un proceso de movilizaciones, que ha ido en aumento desde entonces, para reclamar que la voz de los trabajadores y las trabajadoras sea escuchada y sus peticiones atendidas.

Vamos a negociar para mejorar las condiciones laborales de la población asalariada y la calidad de vida de toda la ciudadanía, como siempre hemos hecho. Pero también vamos a intensificar las movilizaciones en defensa de nuestras reivindicaciones.

La etapa de los recortes y de la precariedad laboral se tiene que terminar YA. Tenemos que cambiarla, negociando y presionando, en las empresas y en la calle. NO HAY EXCUSAS.

Como tampoco hay excusa para criminalizar un derecho irrenunciable como es el derecho a la huelga. No se puede mantener el actual artículo 315.3 del Código Penal, ni la Ley Mordaza.

UGT y CCOO manifiestan su total apoyo a los compañeros y compañeras sindicalistas incursos en procesos penales o administrativos derivados de su actuación en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. CAMBIAR EUROPA PARA REFORZAR EUROPA: LAS PERSONAS, PRIMERO

El movimiento sindical reafirma su carácter internacionalista y expresa su solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo, de manera singular con aquellos pueblos que viven conflictos armados y guerras, o que se ven sometidos a regímenes dictatoriales y autoritarios.

También vamos a trabajar y a presionar para cambiar Europa, de la que somos y queremos seguir siendo parte. Apostamos por una Europa unida y fuerte. Pero la deriva que está tomando desde hace unos años es muy peligrosa, para su propia supervivencia como proyecto político de progreso y para las personas que la habitamos. Están creciendo la xenofobia y el conservadurismo, y se están reduciendo la solidaridad, la cohesión y la fraternidad. La falta de coraje, cuando no la desidia y el desprecio, a los centenares de miles de personas refugiadas que huyen de la guerra, la represión o el hambre para buscar un sitio en los países de la UE, es buena prueba de lo que denunciamos.

Las trabajadoras y los trabajadores queremos seguir construyendo la Unión Europea, porque es una gran alianza estratégica con un tremendo potencial social y democrático. Pero NO queremos esta Unión Europea cerrada, temerosa y cobarde, que coarta sus posibilidades y genera desigualdades y enfrentamientos.

UGT y CCOO, junto a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), reclamamos:

Una Unión Europea próspera, capaz de impulsar un crecimiento económico sostenible e integrador, que abandone definitivamente las fracasadas e injustas políticas de ajuste, y que ponga en marcha un ambicioso Plan de Inversiones para generar más cohesión entre los territorios y empleo de calidad.

Una Unión Europea eficiente, que aplique una política económica rigurosa, que tenga la creación de empleo decente en el centro de sus prioridades, que abandone dogmatismos reduccionistas, y que luche contra el fraude fiscal de manera coordinada y justa, eliminando los paraísos fiscales en su seno como primer y urgente medida.

Una Unión Europea solidaria, que refuerce sus sistemas de protección social, creando un seguro de desempleo común.

Una Unión Europea progresista, que combata y rechace con determinación los comportamientos retrógrados de algunos gobiernos y fuerzas políticas de su espacio, que no tienen cabida en una democracia avanzada.

Una Unión Europea que denuncie con valentía las políticas represivas, integristas y autoritarias de países vecinos como Turquía, empeñados en alejarse de la Europa abierta, plural, democrática y social que defendemos.

Y, sobre todo, una Unión Europea fraterna, que respete y defienda los derechos fundamentales de los migrantes y se comprometa, con políticas comunes eficaces, con el derecho de asilo.

Los gobiernos de Europa no pueden retrasar más tiempo estos cambios en la construcción de la Unión. NO HAY EXCUSA.

Este cambio de políticas debe comenzar sin demora. Sin él, la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.