El juzgado penal número 22 de Barcelona ha condenado seis de los siete jugadores del equipo de futbol por haber agredido a miembros del Rosario Central durante un partido. Israel Moreno, el principal inculpado, ha sido condenado a seis años de prisión por los delitos de coacción, desorden público y de lesiones con el agravante de motivos racistas. Su hermano, Valentín Moreno, por su parte, ha sido condenado a cinco años de reclusió por los delitos de amenazas y de lesiones con el agravante de racismo.

El tribunal considera probado que Jonatan Padilla, José Luis Espada y Carlos Raya son cómplices de un delito de lesiones con el agravante de racismo, y los condena a un año y seis meses de prisión. Raya también ha sido sancionado a un año de prisión por amenazas, y a Padilla y Espada, a un año y cuatro meses más por delito de coacción. Efrén Simón, futbolista y presidente del Bada Bing, ha sido castigado con dos años y un mes de prisión por coacción y desórdenes públicos.

El único inculpado que queda absuelto es David López Ramos. Los seis imputados también tendrán que indemnizar a una de las víctimas del Rosario Central con más de 10.600 euros, y a otros jugadores del mismo equipo, con más de 400 euros.

Los grafiteros pillados 'in fraganti' en Madrid han pasado de remover sus sprays de colores a empuñar la brocha gorda para borrar todo vestigio de grafiti en la capital, como forma de saldar sus multas pendientes con el ayuntamiento.
A primera hora de la mañana, una cuadrilla de ocho jóvenes ha comenzado a empapelar hoy, la calle de San Hermenigildo, en el distrito Centro, para después borrar las pintadas que otros como ellos, hicieron en las fachadas.
Son los primeros que han participado en el programa que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de septiembre para que los 'infractores del spray' pudieran sustituir sus multas económicas limpiando los grafitis de la capital durante cuatro o cinco fines de semana, según sanción.
Esta medida que ya han desarrollado algunas ciudades, incorpora como novedad a dos educadores sociales que acompañan a los chavales todos los sábados y domingos.
La mayoría tienen entre 16 y 21 años y son estudiantes, a excepción de uno, el más mayor, que tiene 25 años trabaja en un banco, y en sus ratos libre se dedica a su "hobby" y "pasión": el grafiti.
Caqui, que es como se hace llamar, es un "escritor de grafitis" matiza, ya que él siempre ha tratado de desarrollar su afición en las afueras de la capital, en naves abandonadas, donde "no molestara a nadie", ni donde nadie le molestara, matiza.
Sin embargo, la euforia de un ascenso en el trabajo, la posterior celebración, y un "spray en la mochila de su amigo", le llevó a pintar la fachada de una propiedad de vecinos, ante la atenta mirada de dos policías nacionales, lo que se tradujo en 733,85 euros de multa, que ahora salda enfundado en un mono blanco y sosteniendo una brocha.
Lo de 'Macarena', una de las dos chicas que prefiere no revelar su nombre, fue más gamberrada y casualidad que pasión por el grafiti.
 "En la calle de la Palma a las cinco de la mañana, no sabíamos qué hacer, encontramos un bote de pintura blanca en el suelo y fue como una actividad milagrosa, lo abrimos nos costó mucho y metimos la mano y empezamos a pintar una pared, y vino la (policía) secreta", relata mientras repasa una de las paredes del distrito Centro.
Esta zona, una de las más castigadas por el grafiti, se ha convertido en la base de operaciones de los ocho voluntarios, que ya han tenido que repasar cuatro veces las paredes del antiguo cuartel Conde Duque- protestan- a pesar del cartel que luce en su fachada de: "se ruega tener el debido respeto a este edificio histórico. Gracias".
Este trabajo social permite sustituir multas de entre 300 y 3.000 euros, 6.000 en el caso de reincidentes, según la nueva ordenanza municipal que ha puesto este año en funcionamiento el Ayuntamiento de Madrid.
Pero lo llamativo es que hace que los jóvenes "se den cuenta del daño que hacen a los vecinos, que a nadie le gusta que le pinten y que el ayuntamiento se está gastando mucho dinero", asegura Fernando Ruiz, uno de los educadores sociales de la asociación Trama que les acompaña.
 En la misma línea habla Caqui, que por otro lado, como 'escritor de grafitis' que es, critica cómo "persigue" el grafiti el Ayuntamiento de Madrid que "no entiende que sea un hobby y una expresión".
"Nos quieren quitar también las zonas poco permitidas, es una lucha continua y la respuesta de los grafiteros y artistas urbanos, es combatir el fuego contra el fuego" y prueba de ello son las pintadas que borra en seis horas de trabajo y, al día siguiente, tiene que volver a borrar él mismo, dice con fastidio.
Aunque él- asegura- no va a volver a pintar en las calles de Madrid, la solución estaría, en su opinión, en que el consistorio facilitara zonas o murales para pintar.
Sin embargo, el área de Medio Ambiente del ayuntamiento lo tiene claro: "tolerancia cero frente al grafiti", ya que como ha explicado en varias ocasiones su responsable, la teniente alcalde y delegada Ana Botella, "el grafiti no es arte urbano y nadie lo tiene que encontrar tolerable".
Por lo pronto veintiséis jóvenes participarán en este programa de educación social que según sus responsables es "mucho más efectivo" que cualquier otra medida, para frenar un arte o infracción que en lo que va de año le ha costado al ayuntamiento 7.652.860,78 euros.

Un tribunal chino condenó este lunes a muerte a seis personas de   etnia uigur por asesinato y otros crímenes presuntamente cometidos en   los disturbios étnicos en la provincia de Xinjiang, del pasado 5 de   julio, en los que perecieron 197 personas y resultados heridas otras   1.600. Una séptima persona ha sido condena por el mismo tribunal a   cadena perpetua.  
   Abdukerim Abduwayit, Gheni Yusup, Abdulla Mettohti, Adil Rozi,   Nureli Wuxiu'er, y Alim Metyusup han sido condenados a muerte este   lunes por el Tribunal Intermedio del Pueblo en Urumqi, la capital de   Xinjiang, mientras que Tayirejan Abulimit fue condenado a cadena   perpetua después de confesar haber cometido asesinatos y ayudado a la   policía a capturar a Metyusup, informó la agencia Xinhua.  
   Se trata de la segunda ola de condenas por los disturbios del   pasado mes de julio en la capital de la provincia semiautónoma de   Xinjiang, que alberga en el noroeste del gigante asiático a la   minoría etnica uigur, de religión musulmana.  
   A Abdukerim Abduwayit se le acusa de haber matado a cinco personas   inocentes con un puñal durante las revueltas, haber prendido fuego a   un edificio y obligado a otras 13 personas a saltar al vacío de otro   edificio.  
   Por su parte, Gheni Yusup, junto con Abdulla Mettohti, Adil   Roziand y Nureli Wuxiuer han sido acusados de matar a palos hasta la   muerte a cuatro personas y de herir a una quinta persona. También han   sido acusados por robar en comercios y vehículos durante los   disturbios. Mettohti está acusado además del asesinado de otras cinco   personas que se refugiaron en una tienda que incendiaron.  
   Alim Metyusup y Tayirejan Abulimit fueron acuasados de asesinar a   tres personas y herir gravemente a una cuarta, además de robarles a   sus víctimas los teléfonos móviles. Metyusup está acusado de otros   dos asesinatos.   
  Urumqi fue escenario de la peor violencia étnica en décadas el   pasado mes de julio, cuando ciudadanos de la etnia uigur --musulmanes   de habla turca nativos de la región-- atacaron a ciudadanos de la   etnia han --mayoritaria en China-- tras protestar contra ataques a   trabajadores uigures en una fábrica en el sur de China ocurridos en   junio y en los que murieron dos de ellos. Los han buscaron venganza   dos días después.  
   A principios de septiembre, decenas de miles de han volvieron a   manifestarse en las calles de Urumqi para pedir la dimisión del   secretario del Partido regional por no garantizar su seguridad. Al   menos quince personas fueron detenidas por atacar presuntamente a   chinos han con jeringuillas.  

La Audiencia Nacional ha condenado con 45 horas de trabajos en beneficio de la comunidad a tres menores de Pamplona que aprovecharon el recreo de su jornada escolar para celebrar un acto de homenaje a los etarras José Miguel Beñaran, 'Argala', y Olaia Kastresana.   

  Según la sentencia, dictada por el Juzgado Central de Menores tras una conformidad entre las partes, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2008 en el patio del instituto Iturrama de la capital navarra, cuando los tres jóvenes, que tenían en ese momento 16 y 17 años, colocaron fotografías de los dos etarras con flores y velas a su alrededor.   

  En ese momento, los menores --dos chicos y una chica-- entonaron cánticos y gritaron proclamas a favor de los miembros de la organización terrorista ETA, según consta en el capítulo de hechos probados de la sentencia, que ha sido dictada por el juez central de Menores, José Luis de Castro.   

  Por todo ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, el magistrado les condena como autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo a cumplir 45 horas de trabajos en beneficio de la comunidad que podrán desarrollar "en servicios sociales y en el área de menores discapacitados".