MADRID- Al juez Baltasar Garzón se le complica por momentos su situación procesal. Incluso hasta el punto de que el «caso Gürtel», relacionado con una presunta red de corrupción empresarial vinculada al PP y que él impulsó desde el primer momento, puede llegar a convertirse en una especie de boomerang. Sobre todo después de que el Colegio de Abogados de Madrid anunciara que se querellará contra él por prevaricación por ordenar grabar en prisión las conversaciones de los principales imputados con sus abogados.
Y es que el juez está pendiente en estos momentos de dos asuntos que se tramitan en el Tribunal Supremo y que pueden afectar a su futuro más inmediato como magistrado de la Audiencia Nacional. En primer lugar, de la decisión que finalmente adopte el magistrado Luciano Varela sobre la querella por prevaricación, que admitió a trámite la Sala Penal, en la que se investiga si actuó correctamente al asumir la competencia de las denuncias presentadas por las desapariciones en el franquismo. El instructor está pendiente de recibir las normas de reparto de la Audiencia Nacional y de las diligencias que llevaron a Garzón a archivar la querella presentada contra Santiago Carrillo, entre otros, por los crímenes de Paracuellos del Jarama.
Todo hace indicar que, una vez reciba esas diligencias, adoptará la decisión definitiva: decretar la apertura de juicio oral o archivar la querella. Si se produce la primera de esas resoluciones, Garzón será suspendido inmediatamente en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial.
Caso reabierto
Pero no sólo tiene abierto este frente judicial. La Sala Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado mes de septiembre reabrir también lo relacionado con los pagos que recibió durante los años 2005 y 2006 por sus actividades en la Universidad de Nueva York. Los magistrados reclamaron a una entidad bancaria española que le remitiese información sobre el patrocinio que otorgó a unos cursos dirigidos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la citada universidad, al objeto de decidir si admite o no a trámite una segunda querella presentada por los abogados Arturo Panea y José Luis Mazón contra el magistrado por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
Petición de documentación
Además, la Sala solicitaba al Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York que le remitiese «la contabilidad detallada del empleo de las cantidades entregadas en concepto de patrocinio por el Grupo Santander» y explicase por qué en su página web se afirma que fue el propio juez Garzón quien «obtuvo los fondos necesarios» para estos cursos, que llevaban por título «Diálogos Trasatlánticos» y «Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica».
Por tanto, la posible querella de la Abogacía se convertiría en el tercer frente que se abriría en el Tribunal Supremo contra Garzón, a quien recientemente se le ofreció por el Gobierno, de forma oficiosa, que aceptase el cargo de magistrado de enlace con Colombia, tal y como publicó este periódico. Sin embargo, según distintas fuentes jurídicas, el juez rechazó tal posibilidad porque quería competencias sobre toda Suramérica. Una salida que el Ejecutivo vería con buenos ojos.