BERLÍN- Sólo seis ministros repetirán en el segundo Gobierno de Angela Merkel, un síntoma del viraje político que se apresta a vivir Alemania. Tras once años de ininterrumpida presencia socialdemócrata en el Ejecutivo, la dirigente democristiana encabezará un gabinete con los liberales más próximo a su ideología que el que ha compartido con el SPD, por insuficiencia parlamentaria, durante el último cuatrienio.
Al cambio de pareja gubernamental, se suma el baile de nombres orquestado por la propia canciller: únicamente las ministras de Familia, Ursula von der Leyen; Agricultura, Ilse Aigner, y Educación, Annete Schavan, mantendrán la misma cartera que la Legislatura pasada. Los otros tres «veteranos» políticos estrenarán Ministerio.
Como declaración de intenciones, Merkel entregará Finanzas al espartano Wolfgang Schäuble (CDU), hasta ahora al frente de Interior. Franz Josef Jung, discutido ministro de Defensa por el bombardeo sobre civiles en Afganistán, es desplazado a Trabajo y cede su antiguo despacho al pujante Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). El joven aristócrata, especialista en Relaciones Internacionales, brilló con luz propia durante los siete meses que ejerció como responsable de Economía y gana peso dentro del gabinete. Los huecos restantes, ocho, en la mesa del Consejo de Ministros los ocuparán debutantes en esas lides. Tras cuatro años como jefe de la Cancillería, el democristiano Thomas de Maizière asumirá la cartera de Interior. La de Medio Ambiente, con sus polémicas competencias energéticas, vuelve con Norbert Röttgen (CDU) a manos conservadoras por primera vez desde 1998. En total, la CDU de Merkel ocupará seis ministerios y su marca electoral en Baviera, la CSU, otros tres. Entre los cinco ministros liberales destaca el de Exteriores, que dirigirá su líder, Guido Westerwelle, quien además ejercerá de vicecanciller y el de Economía para Rainer Brüderle, de 64 años. El miembro más joven del Gobierno será el ministro de Sanidad, Phillip Rösler (FDP), cirujano de 36 años y llamativa biografía: vietnamita de nacimiento, fue adoptado a los nueve meses por una pareja alemana.
 

  
El dirigente socialista recuerda que "el Gobierno es un órgano colegiado de toma de decisiones, no unipersonal y aconseja a Zapatero delegar responsabilidades para preservar su figura si quiere volver a ganar las elecciones". En cuanto a la salida del Gobierno del anterior ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, Solchaga considera que el problema fue que "cuando había una confrontación sobre decisiones de política económica entre el presidente y el ministro de Hacienda, siempre prevalecían las de Zapatero". Para eso, a su juicio, el presidente lo que necesitaba era un ministro "de otro perfil" al de Solbes.

En este sentido, Solchaga lamenta que no se conozcan las "convicciones profundas" de la actual ministra de Economía, Elena Salgado. Con ello, puntualiza, no quiere decir que ésta no pueda ser una buena ministra de Economía. Asimismo, recuerda que "una de las facetas más importantes que denotan la capacidad de un dirigente es tener mejores colaboradores que uno mismo", algo que, a su juicio, sucedió con Felipe González, quien los escogió "sin temor" a que le hicieran sombra.  

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2010 afirma que "son los más difíciles de la democracia" como consecuencia de una recesión sin precedentes, por lo que están   "destinados a no satisfacer a nadie". Solchaga aconseja al Ejecutivo que se enfrente a los dilemas que, en su opinión, está eludiendo. Consciente de que se le acusará de querer abaratar el despido, propone evaluar la cobertura de la situación de desempleo que considera "muy generosa" por provocar que   parte de la ciudadanía la tome "como un derecho, una beca y espere   hasta agotarla antes de buscar otro trabajo".

Considera también que el INEM "ha sido un desastre" porque sólo ha   generado un 10% de los contratos y aboga por introducir a las agencias de empleo directo en la contratación. Por último, recuerda a Zapatero que los intereses de los sindicatos no siempre coinciden con los de los trabajadores, aunque   "lo parecen".  

El Estatuto de Cataluña y la negociación con ETA, grandes errores
Solchaga ve como causa de algunos de los actuales problemas las decisiones "que colean todavía" de la primera legislatura socialista y que hicieron perder la mayoría absoluta en un momento de bonanza. "Con esa mayoría ahora afrontaríamos la crisis con menores dificultades parlamentarias", se lamenta. Entre estas decisiones, destaca la aprobación del Estatuto de Cataluña y el "malhadado" proceso de tregua con ETA. En este último, a su juicio, el jefe del Ejecutivo actuó con "inocencia e ingenuidad". "La forma en que trató ambos temas le impidió sacar una mayoría absoluta cuando todo iba a favor del Gobierno", asevera.   
 

 El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley General de la Comunicación Audiovisual que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, ha definido como "necesaria, deseada, liberalizadora, moderna, garantista e imprescindible para el sector y la industria audiovisual española".
Dijo que esta ley es el resultado "de un proceso de diálogo y de consenso" que espera que continúe en el Parlamento" y que debe enmarcarse como "parte muy importante" dentro de la reforma audiovisual emprendida por este Gobierno.
"Con este proyecto de ley -añadió la vicepresidenta- damos cumplida respuesta a un compromiso siempre aparcado por los sucesivos Gobiernos de uno y otro signo; se aprueba una asignatura pendiente desde hace décadas y será enviado al Parlamento tras el consenso básico del sector".
Fernández de la Vega afirmó que el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual es fruto una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, que el Gobierno viene desarrollando a lo largo de los últimos años.
Añadió que el anteproyecto "ha sido mejorado" por las aportaciones de los órganos institucionales consultados, así como por asociaciones de usuarios, anunciantes y otros colectivos.
La vicepresidenta explicó que se han incorporado observaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, del Mercado de las Telecomunicaciones, del Comité Consultivo del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, así como del dictamen del Consejo de Estado del pasado 17 de diciembre.
Fernández de la Vega destacó los aspectos más importantes del proyecto de ley, como la transposición de la directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007 al ordenamiento español.
El proyecto posibilita la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo, la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como es la TDT de pago, y da respuesta a nuevas formas como la TV en movilidad, la Alta Definición y la Interactividad.
El proyecto define la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes públicos y, según explicó la vicepresidenta en posterior rueda de prensa, entre sus competencias está la participación en la concesión de licencias.
Este consejo tendrá poder sancionador y sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos por el Congreso, y entre sus funciones estará garantizar la transparencia en el sector, velar por el cumplimiento de esta ley y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Crea, asimismo, un Comité Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas, y contempla un régimen sancionador en el que se define, infracciones muy graves, graves y leves y se detallan sanciones.
De la Vega explicó que el proyecto de ley protege la emisión y producción de obras audiovisuales europeas y españolas, reservando un 51 por ciento del tiempo de emisión anual de cada canal y, a su vez, el 50 por ciento de esta cuota queda reservada para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas.
El proyecto de ley confirma la obligación de las televisiones, estatales o autonómicas, de contribuir anualmente a la financiación de producciones europeas con el 5 por ciento de los ingresos, aunque para las televisiones públicas este porcentaje asciende al 6 por ciento.
También detalla las obligaciones de los operadores en lo referente a la protección de los menores, las personas con discapacidad y la prohibición de emitir en abierto contenidos pornográficos o de violencia gratuita.
El proyecto de ley amplia a 15 años el período de concesión de licencias, y establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos.
Reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias y el derecho de los titulares de estas a crear canales de pago, pero limitándolo a un 50 por ciento de los canales concedidos en cada licencia.
También regula los acontecimientos de interés general que las operadoras tienen obligación de emitir en abierto, garantiza el pluralismo y reconoce el derecho a poseer participaciones en otras empresas, pero limitado al 27 por ciento de la audiencia.