20MINUTOS.ES / EFE

• El supuesto espía, Eringer, afirma que fue contratado para organizar un sistema de espionaje a las órdenes del príncipe Alberto.
• El Principado de Mónaco ha negado estas afirmaciones.
• Eringer, por su parte, le ha demandado por ruptura de contrato.

El Principado de Mónaco ha interpuesto una querella en Estados Unidos contra un especialista de los servicios secretos por considerar que son falsas sus afirmaciones de haber organizado un sistema de espionaje para el príncipe Alberto.

En un comunicado, el Principado ha mostrado este viernes su "indignación" ante las declaraciones del estadounidense Robert Eringer, que afirma haber trabajado para el jefe del Estado monegasco no sólo en misiones contra la corrupción y de inteligencia económica, sino también en algunos encargos más personales para investigar a ciertas personalidades de su entorno.

Esas informaciones, de acuerdo con el texto del comunicado, son "mentirosas y difamatorias" para Alberto II y, además, "ensucian su imagen y el renombre del Principado de Mónaco".

Eringer, en una entrevista publicada el jueves por Paris Match, afirmaba que trabajó entre 2002 y 2007 para el príncipe, al que ha denunciado también en Estados Unidos por "ruptura de contrato".

Este hombre de 55 años que fue periodista de investigación antes de dedicarse a labores de inteligencia como detective privado y también para el FBI estadounidense, ha asegurado que fue contratado por Alberto II como su "consejero especial encargado de la investigación", aunque no firmaron nada ni su cargo tenía existencia oficial.

Pero cuando el príncipe accedió al trono a la muerte de su padre en abril de 2005, le encargó que montara una agencia de contraespionaje, que se bautizó "Mónaco Intelligence Service" que sólo le debía rendir cuentas a él.

Señaló que la misión que más excitaba a Alberto de Mónaco era "saber quién informaba a los periódicos" y en concreto aludió a uno de sus agentes que se entrevistó con un periodista del propio Paris Match haciéndose pasar por el autor de una biografía no autorizada del príncipe.

Eringer también explicó que intentó organizar en Mónaco a finales de 2005 una entrevista del jefe del Estado con Jazmin Grace, que dice ser hija natural de Alberto, y con su madre, que acudieron al pequeño país mediterráneo, pero el príncipe al final no accedió al encuentro.

El agente secreto, que responsabilizó de su despido al abogado del príncipe, Thierry Lacoste, afirmó que la corrupción "ha empeorado en Mónaco, por la influencia creciente de logias masónicas infiltradas por la mafia".

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que rechace la querella por prevaricación y tráfico de influencias que el PP presentó contra el ex presidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación a la concesión de una subvención pública a Matsa, en la que trabaja su hija.
       En un informe, el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martín-Casallo, reclama al Alto Tribunal que inadmita y archive esta querella "por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito".
       La querella interpuesta por el PP contra Chaves el pasado mes de julio se basa en el hecho de que, durante su etapa como presidente de la Junta andaluza, la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada, recibió una subvención superior a los diez millones de euros.
       El informe del fiscal recuerda que en la tramitación del expediente de concesión de incentivos a la empresa Matsa Chaves participó como presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en una reunión en enero de 2009 en la que se produjo la ratificación de la aprobación efectuada por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
       "No consta del expediente administrativo que el querellado efectuara algún tipo de gestión para la concesión del incentivo", afirma.
       Añade que no existen indicios de que Chaves haya influido sobre los funcionarios de la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, "bien dando una orden directa para que el expediente se resolviera de una manera concreta y determinada, bien tratando de influir en la resolución de quien no es inferior jerárquico directo".
       La actuación del querellado -señala- "se redujo a aprobar en Junta de Gobierno una concesión de incentivo que, de acuerdo con la cuantía reconocida, debía ser autorizada por el órgano que presidía, limitándose, por tanto, a ratificar lo que ya se había establecido, en igual sentido, por las correspondientes instituciones de los órganos administrativos competentes".
       La Fiscalía, que estima que tampoco existe un delito de prevaricación administrativa, añade que "la parte querellante, en su esfuerzo acusador, no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto".
       Señala que tampoco de la cuantía del incentivo puede deducirse la existencia de ningún delito y el hecho de que en la empresa preste sus servicios la hija de Chaves "no puede llevar a la conclusión de la existencia de delito alguno".
       La denuncia fue registrada el pasado 24 de junio en el Alto Tribunal por el PP, que al día siguiente informó de que había decidido retirarla para ampliarla "con los nuevos datos" obtenidos.
       Así el 16 de julio presentó una ampliación de la querella, esta vez contra Chaves y no contra su hija como inicialmente ocurría.
       En la querella señalan que Chaves no se abstuvo en el trámite de aprobación de la subvención concedida "a pesar de conocer de modo indubitado" que su hija era responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida con esa resolución, que, según el PP, "no se ajustaba a Derecho".
       Añade respecto al delito de tráfico de influencias que Chaves prevaliéndose de su condición del jefe del Ejecutivo andaluz intervino ante las autoridades competentes "de cara a que Matsa consiguiera el incentivo", que "venían solicitando años atrás con resultados rotundos de denegación"

El constructor le acusaba de prevaricación y contra la ordenación del territorio

La plataforma"Juicio a Aznar", afín al PCE, también se querelló contra Federico Trillo y Ana Palacio

Un juzgado de Madrid ha aceptado a trámite la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe del TEDAX cuando tuvieron lugar los atentados de Madrid, por supuesta omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y falso testimonio.
    La juez titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid investigará los hechos objeto de la denuncia ante la posibilidad de que sean constitutivos de los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
    Además ha citado a los querellados a declarar el próximo día 10 de agosto y a doce testigos, que tendrán que comparecer ante el juzgado los próximos 1 y 2 de septiembre.
    La querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M va dirigida contra Sánchez Manzano, una perito del Cuerpo Nacional de Policía "y contra el resto de personas que la instrucción determine oportunas" con el objetivo de conseguir "el esclarecimiento de todas las dudas" en torno a los atentados.
    Sánchez Manzano era el jefe del TEDAX cuando se produjeron los atentados de Madrid de marzo de 2004, y cesó en su cargo en diciembre de 2005.