La Unión Sindical Obrera (USO) levanta la liebre al denunciar la situación "insostenible" de cuatro empleados del área administrativa que llevan ya tiempo asumiendo funciones de superior categoría "sin reconocimiento legal ni compensación económica"
La calma no ha llegado a Servilimpce tras el reciente relevo en la gerencia. Al contrario. En pleno proceso de reordenación interna, la Unión Sindical Obrera (USO) ha señalado directamente al consejero del área por la situación "límite" que sufre el departamento de Administración y por la posibilidad de incorporar personal externo mientras la plantilla interna sigue sin reconocimiento.
El conflicto, en el que ha profundizado este medio, mezcla sobrecarga laboral, cambios en el organigrama y sospechas de designaciones por afinidad política. Un cóctel que amenaza con judicializarse.
Cuatro trabajadores para sostener toda la maquinaria
Según denuncia USO, desde la municipalización "la carga de trabajo se ha triplicado de manera insostenible", obligando a los cuatro empleados del área administrativa a asumir durante meses —y en algunos casos más de año y medio— funciones de superior categoría "sin reconocimiento legal ni compensación económica".
La central sindical es tajante: el funcionamiento administrativo se mantiene "gracias a su compromiso, mientras la Administración mira hacia otro lado".
Fuentes sindicales lo explican con crudeza, detallando que "son cuatro personas las que manejan todo lo que es contrataciones, lo que es ropa, todo lo que es administración, todo lo que es bajas médicas, asuntos propios, todo lo manejan cuatro personas nada más".
El contexto: terremoto en la cúpula
El conflicto estalla en pleno cambio de ciclo en la empresa pública. A comienzos del presente mes de febrero, el Consejo de Administración cesó al gerente Luis de la Barrera tras casi dos años convulsos y nombró a Alejandro Benavides como relevo técnico. El movimiento se enmarca en la estrategia del Gobierno local para avanzar hacia un centro de mando común de las sociedades municipales del Área de Medio Ambiente bajo la órbita de Juan Manuel Sánchez Valderrama, hasta ahora gerente de Acemsa.
Ese rediseño prevé una profunda reordenación de estructuras y mandos en las empresas públicas que de momento pilota el consejero Alejandro Ramírez, un proceso que los sindicatos observan con creciente desconfianza.
El nuevo organigrama enciende las alarmas
La tensión ha subido de nivel coincidiendo con estos movimientos internos para redefinir la estructura de la empresa. Según relatan fuentes sindicales, "ahora que hay un nuevo organigrama, lo que quieren es colocar agentes allegados al consejo de administración y al consejero para que sean ellos los que controlen esa parte de administración".
La sospecha se agrava porque, aseguran, el departamento ya está funcionando con personal cualificado "que lo está llevando estupendamente bien". Misma sensación se produjo cuando un buen puñado de antiguos miembros de Trace entraron en la sociedad pública gracias al silencio administrativo de la Consejería, que debía estudiar posibles incompatibilidades.
En la línea, durante la última oposición de Servilimpce, entraron varios candidatos allegados a sindicalistas y cargos intermedios de la firma, gracias a un examen que elaboró y corrigió el responsable de comunicación de la entidad.
Reuniones discretas y sospechas de incorporaciones "a dedo"
Uno de los puntos más sensibles del conflicto son las reuniones internas que se están celebrando sin participación sindical en las que participan el actual gerente y mandos intermedios junto al consejero, Alejandro Ramírez. Aunque desde el sindicato admiten que las reuniones son legítimas, lanzan la advertencia de que a pesar de que todo les parece "correcto", "hay que respetar la ley".
Y es que el temor principal es que la reestructuración sirva, como todo parece indicar, para introducir perfiles externos con afinidad política.
"Lo que no es lógico es que nosotros, teniendo administrativos de primera, estén contratados como técnicos administrativos, y ahora vengan gente cobrando unos sueldos altísimos a cubrir esa plaza, gente que son afines al consejo de administración y gente que son afines al consejero", sostienen.
Por ahora no hay nombres confirmados, reconocen, aunque sí mantienen que se trataría de alguien "en el ámbito político". "Lo que no se puede hacer es colocar a una persona afín políticamente a alguien en especial", critican.
Amenaza de acciones judiciales
En medio de todo este maremágnum, USO ya ha elevado el pulso. Si se materializan incorporaciones sin promoción interna previa, el sindicato avisa de que acudirá a los tribunales. La central recuerda que el procedimiento debe ser claro: primero promoción interna y, solo si queda desierta, tocaría recurrir a la cobertura externa.
"Lo que no puede ser es que directamente a dedo pongan una persona aquí de administración, saltándose a toda la gente que hay ya", insisten.
USO señala directamente al consejero
La organización sindical no elude responsabilidades políticas. Afirma que la situación "no es fruto de la casualidad" sino "consecuencia directa de una falta de planificación y de una ausencia de decisiones políticas", una reponsabilidad que tiene "nombre y cargo". El de Alejandro Ramírez, se entiende.
Por ello exige reconocer las categorías reales, abonar diferencias salariales, reforzar la plantilla y priorizar la promoción interna.
Un aviso final: "No queremos que nos politicen"
El malestar en la plantilla es evidente. Las fuentes consultadas lo resumen con una frase que refleja el clima interno: "No queremos que nos politicen".
La pelota queda ahora en el tejado de la dirección y del área política, mientras el departamento de Administración sigue funcionando con cuatro trabajadores al límite… y bajo la sombra de posibles cambios que podrían reabrir un nuevo frente laboral en Servilimpce.
