Los cuatro millones de euros que el Gobierno contempla aumentar a Trace en la modificación del presupuesto actual- siete más que los recogidos durante el pasado ejercicio-, y que se iría a los 25 millones el montante “no llega a cubrir las necesidades de limpieza” que exige la ciudad. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, al anunciar un plan de choque por el que se han empezado a servir de medios propios- tales como Tragsa, Obimace o el Plan de Empleo-, para cubrir servicios accesorios.

Una decisión que le ha costado la primera de las denuncias ante la Inspección de Trabajo por “intrusismo laboral”. Así lo entiende el Comité de Empresa de Trace, que ha interpuesto la denuncia, y que acusa al equipo de Vivas de “gastar el doble” en limpieza, “para quitarle a Trace servicios que tiene asignado por contrato” o, más bien, para la prórroga del mismo que finaliza el 31 del próximo enero.

Es decir, Trace- adjudicataria del servicio-, factura, de momento 21 millones de euros tanto por la limpieza viaria, recogida de basuras, limpieza de playas o recogidas de enseres. Sin embargo, concretamente, estos dos últimos servicios desde el inicio de esta semana están en manos de Tragsa, tal y como ha aclarado Ramírez.

El portavoz también ha puntualizado que Trace continúa como titular del principal servicio de limpieza. Sin embargo, el presidente del Comité de Empresa, Agustín Miranda, lo niega. “Tanto operarios del Plan de Empleo, como de las Brigadas Verdes también se están encargando de la limpieza viaria. Barrer y limpieza general”.

Miranda entiende que la Ciudad está “despilfarrando el dinero”, cuando apunta que lo sencillo hubiera pasado por un refuerzo de personal en la empresa, “como se ha hecho todos los veranos”.

Por otra parte, ha vuelto a reclamar una reunión con el presidente para aclarar estos asuntos, después de que la petición del pasado 26 de junio no haya obtenido respuesta.