El círculo vicioso de la concesión de los autobuses urbanos ha vuelto a empezar a girar: la empresa dice que no tiene que liquidez y deja de pagar a su plantilla (de momento, la extraordinaria de marzo), que a su vez anuncia movilizaciones (huelga indefinida a partir del 26 de abril) a la espera de que el Gobierno afloje. Esta vez no depende sólo de la voluntad política.

La Intervención de la Ciudad ha rechazado dar más dinero público a 'Hadu-Almadraba', a la que se ha prorrogado dos años más la adjudicación con un contrato directo, si antes no justifica adecuadamente 200.000 euros de las cantidades recibidas en 2020 de la Administración.

“La empresa”, han corroborado desde el Ejecutivo local, “dice que no tiene solvencia para pagar las nóminas y ha solicitado un adelanto del convenio, pero la Intervención reclama que antes se justifiquen 200.000 del año pasado”. El Gobierno está intentando “pagar lo antes posible” las facturas pendientes (2020 se cerró con 375.000 desembolsados y 65.000 pendientes) y revisar a la mayor brevedad posible “las certificaciones presentadas por unos 100.000 euros con el fin de ver si con esas cantidades se pueden desbloquear los pagos a la plantilla”.

El conflicto del servicio sólo parece que podrá ir a peor más allá de si ahora se encuentra un parche, pues la compañía mantiene a más de veinte empleados en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), la recuperación de la línea de la frontera (principal fuente de ingresos) no muestra un horizonte definido optimista y persistir en la fórmula de los adelantos de subvenciones a pasajeros tiene dudosa cobertura legal, según las fuentes consultadas.

Este año el montante del convenio de Asuntos Sociales se ha elevado a 375.000 euros sobre los que se establece literalmente que “para el abono de las bonificaciones, la empresa deberá presentar mensualmente la factura correspondiente por colectivos con relación de los usuarios beneficiados, el número de viajes y coste total”.

Compensación por la línea de la frontera

En el contrato directo se establece que "hasta que se normalice el número de viajeros en la línea de la frontera”, cuyos beneficios permitían equilibrar “las pérdidas de otras líneas deficitarias [especialmente la 1 y la 5]”, la Ciudad estará obligada a “compensar mensualmente al concesionario por las pérdidas que arroje la cuenta de explotación”.

La compensación por cierre de frontera está concebida con el propósito de “paliar la situación coyuntural derivada del cierre del Tarajal, que constituía casi el 50% de los ingresos totales de la concesión”, se mantendrá de forma “temporal” y se calculará y abonará “mes a mes hasta que el volumen de viajeros recupere las medias del periodo 2015-2019 o hasta que la cuenta de explotación mensual deje de ser deficitaria (lo que suceda antes en el tiempo)”.

El Gobierno se abrió por primera vez a finales del año pasado a explorar la posible municipalización del servicio, una salida que a juicio de CCOO no sólo permitiría garantizar el mantenimiento del empleo y ofrecer un mejor servicio, sino que incluso sería más económica para las arcas públicas que actualmente.