Radio Televisión Ceuta activó el pasado 1 de diciembre su ‘Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral’ ante una denuncia presentada en el Canal Ético del ente público por una trabajadora que señaló una conducta que podría entenderse como acoso laboral por parte del ex gerente del ente, Manuel González, contra ella. En ese documento que debería regir desde ese instante el proceso a seguir se establece unos plazos y acciones claras a desarrollar. En el peor de los casos, el expediente informativo y las conclusiones de la investigación interna deberían estar listas el próximo 29 de diciembre. No será así. Y la resolución, todo parece indicar que se alargará a enero. A pesar de que el propio protocolo establece esos plazos como una suerte de garantía de un “proceso rápido” que ofrezca seguridad a denunciantes y denunciados.
Tampoco se ha cumplido con la “confidencialidad” a la que alude el documento de forma reiterada. Desde casi el primer instante, todo el mundo en RTVCE sabía quién era la denunciante y también el denunciado.
La denunciante señaló en su primer escrito que el ahora compañero habría tratado de maniobrar con la complicidad de otras personas para tratar de impedir su contratación para un periodo de apenas 10 días. Llegando, según su versión, a tratar de activar la Comisión Paritaria de seguimiento del convenio colectivo para abordar esa contratación, que le correspondía por turno de bolsa de trabajo. En esa misma bolsa de trabajo, Manuel González, ya le había saltado, dando una instrucción en ese sentido, cuando era director gerente de Radio Televisión Ceuta, sin causa justificada. Una situación por la que la Televisión Pública fue condenada a indemnizar a la trabajadora en una sentencia ya ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una vez se cursó la actual denuncia por el canal interno de Radio Televisión Ceuta, el ente activó el mencionado Protocolo. En el mismo se recogen una serie de plazos de forma clara para la actuación y resolución o esclarecimiento de la denuncia.
Los plazos paso a paso
Una vez recibida la denuncia a través del Canal Ético, la Televisión Pública contaba con 2 días para activar el Protocolo. Así se hizo. La denuncia se interpuso el jueves 27 de noviembre, y el lunes 1 de diciembre estaba activado el Protocolo. A partir de ese lunes, corrían otros 7 días laborales para un “procedimiento informal o fase preliminar”. Una especie de tiempo para buscar la paz y el acuerdo entre las personas implicadas, que en cualquier caso es una fase “potestativa”. Es decir, no obligatoria, y que alcanza con que una de las partes la rechace para pasar a la siguiente fase, la instrucción de un expediente informativo.
Si se entendiera que en el caso actual se hubiera apostado por seguir ese “procedimiento informal”, ese plazo habría terminado el pasado viernes, 12 de diciembre. Aunque en realidad nada de lo actuado por el ente público apunta a que se haya dado paso alguno para actuar en esta fase preliminar.
Como sea, el pasado viernes, 12 de diciembre, debería, como tarde, según establece el protocolo comenzar a contar otro plazo, el de los 10 días laborables para armar un expediente informativo por parte de una “comisión instructora” que viene designada en el propio Protocolo con un mandato de 4 años. Se nombran tres personas y dos suplentes. Una de las tres titulares, ya ha optado por abstenerse dada los lazos con el señalado en la denuncia, se trataría de su hermano, delegado sindical, Pablo González. Ante esa renuncia justificada se procedió a un sorteo para elegir entre los dos suplentes quien pasaría a integrarse como titular en la Comisión Instructora.
10 días para concluir un expediente informativo
Esa Comisión Instructora contaría con esos 10 días para llamar los testigos que señalen las partes como conocedores de los hechos denunciados y entrevistar, en este caso, tanto a la denunciante como al denunciado para recabar su versión de los hechos. Una visión en la que, también establece el protocolo, el relato de la denunciante “tendrá presunción de veracidad”. Así las cosas el expediente debería estar finiquitado el próximo 29 de diciembre con sus correspondientes conclusiones:
“Si de la prueba practicada se deduce la concurrencia de indicios de acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, o de cualquier otro comportamiento no constitutivo de delito, pero contrario a la libertad sexual y la integridad moral, en esas conclusiones del acta, la comisión instructora instará a la empresa a adoptar medidas sancionadoras oportunas, pudiendo incluso, en caso de ser muy grave, proponer el despido disciplinario de la persona agresora”, recoge el protocolo.
Y en el caso contrario, en el que “no se apreciasen indicios de acoso sexual, acoso por razón de sexo u otra conducta contraria a la libertad sexual y la integridad moral, la comisión hará constar en el acta que de la prueba expresamente practicada que no cabe apreciar la concurrencia de estas conductas”.
Es decir, concluya lo que concluya la Comisión Instructora, el próximo 29 de diciembre, el actual director gerente del ente, Gonzalo Testa, tendría que tener un informe, un acta, que le diga a las claras qué es lo que ha sucedido y qué medidas adoptar en el caso de que se señalara que sí ha habido conductoras contrarias al normal funcionamiento de una empresa. No será así.
Nada se ha hecho, según el Protocolo
Pero nada de eso que señala el protocolo está pasando. El ex gerente denunciado ha estado disfrutando de un periodo de vacaciones en el extranjero, en Cuba. Ya lo estaba cuando se activó el Protocolo, y la denunciante tampoco se encuentra en Ceuta, una vez finalizado su contrato temporal a través de la bolsa a principios de diciembre.
Más allá de resolver mediante un sorteo la sustitución del hermano del denunciado en la comisión instructora, tan sólo se habría remitido, el pasado 4 de diciembre un escrito a ambas partes en donde se les ofrece un formulario para que hagan la aportación de su relato sobre los hechos, señalen testigos y propongan pruebas o incluso recusen a los miembros de la comisión instructora por razones de afinidad o enemistad manifiesta. Se les dio entonces un plazo de 10 días para hacer esa aportación. Ese plazo finalizaría a finales de esta semana.
Y a la vista de eso, sólo sería entonces, cuando realmente podría activarse el plazo para la instrucción del expediente informativo, otros 10 días laborables que situarían el final del proceso entre finales de la segunda semana de enero y principios de la tercera dependiendo de si el día 24 y el día 31 de diciembre tienen la consideración de no laborables en la televisión pública o sí lo son.
¿Y si hay recusaciones?
Pero además podría darse el caso de que ambas partes plantearan la recusación de algunos de los miembros de esa comisión instructora. En ese caso ¿cuál es el procedimiento? No lo hay. Al menos no establecido en el mismo Protocolo que, de facto, la propia Comisión ya se ha saltado.
Los motivos para esas hipotéticas recusaciones pasan por los habituales: afinidad, amistad o enemistad manifiesta o consanguinidad con algunos de los implicados.
La responsable de Igualdad de Comisiones Obreras, Yolanda Díaz, que ya se ofreció a la Dirección de la Televisión a aportar su conocimiento como asesora externa, tiene claro que hay un vacío. “No hay nada sobre esto en el protocolo”, sentencia. Y ante ese vacío se abren opciones: “Pueden decidir que ellos mismos se lo guisan y deciden sobre sus propias recusaciones”, avisa.
O también cabe la posibilidad de que ante ese hipotético planteamiento de forma unánime decidan apartarse, ha explicado Díaz. En ese caso, un nuevo abismo normativo. Como máximo podría llamarse al suplente restante. Pero cualquier otro paso no está establecido.
CCOO reclama expertos externos a la empresa
Y aquí Díaz cree que, dada la situación que se describe en la denuncia, tal vez la mejor opción pasa por resetear todo el procedimiento y recurrir a pedir ayuda a la Comisión de Igualdad, “de la casa grande”, la que tiene creada la Ciudad Autónoma de Ceuta como administración. Y que sea desde ese órgano el que designe a las personas expertas en la materia, y externas a la propia televisión, que se considere necesarias para instruir el proceso y presentar unas conclusiones. Reactivando así ese plazo de diez días para instruir el expediente.
Díaz considera ya esta opción la mejor de todas, a la vista de cómo está discurriendo el procedimiento y del aparente enredo que presenta en sí mismo el propio Protocolo. “Deberían ser dos protocolos independientes. Por un lado el de acoso sexual y por otro el de acoso laboral. Y en este último las personas que tendrían que intervenir son las expertas en prevención de riesgos laborales. Pero está mezclado”, ha señalado Díaz.
Pero tampoco esta opción figura ni tan siquiera como posibilidad en ninguna parte. Sí se contempla la opción de que se recurra a asesores externos como apoyo, tanto por parte de la Comisión Instructora como de la parte denunciante y la denunciada, pero nada más.
Responsabilidades
“Lo que tienen que saber las personas que han sido designadas en la comisión instructora es que sus actuaciones pueden tener consecuencias para ellas mismas si no son correctas. A la denunciante siempre le va a quedar abierta la vía del juzgado, pero si el procedimiento no se instruye de forma correcta puede que no le quede más remedio que denunciar también este hecho. Y ahí la responsabilidad recae también sobre quienes han instruido”, apunta Díaz, no como amenaza, sino para subrayar la enorme responsabilidad que en realidad tienen los miembros de esa comisión instructora.
