La polémica gestión de José Manuel González Navarro al frente de la Dirección Gerencia de la empresa pública Radiotelevisión Ceuta (RTVCE) ha motivado al presidente del Consejo de Administración de la sociedad, el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, a blindarse de sus posibles desmanes con dos informes jurídicos que la sociedad habría encargado al despacho de abogados Lería, que ganó el concurso para prestar esos servicios al ente público recientemente. Pero a pesar del dictamen favorable a la legalidad de los informes, se deduce de las decisiones tomadas por el propio Gaitán que en RTVCE, su gerente ha venido pagando pluses y superiores categorías de forma arbitraria y sin que mediara informe de justificación alguno.

Uno de los informes jurídicos validaría una de las cuestiones más polémicas de la gestión del actual gerente, los pagos realizados a algunos trabajadores por el desempeño de superiores categorías. Esas remuneraciones recogidas en las nóminas (y que en algún caso superaron los 700 euros mensuales) apuntaban en un principio a estar justificadas por el desempeño de funciones de superior categoría en uno de los puestos que serían de nueva creación.

El Consejo de Administración consagró de forma reciente un nuevo organigrama del ente público que incluía un puñado de nuevos puestos. Tanto así que según Comisiones Obreras se había creado todo un grupo nuevo con 4 categorías. El organigrama no gusta en el sindicato entre otras razones porque disgrega las labores de los periodistas y los cámaras en dos categorías de diferente grupo, y por tanto salario, aunque se sigan exigiendo, en apariencia, los mismos requisitos de formación para poder desempeñarlas.

El organigrama no fue negociado con los representantes de los trabajadores. Pero sí lo habría sido la remuneración de los nuevos puestos. Y aquí es donde surgen las contradicciones en las versiones.

Según Comisiones Obreras lo que sí se dio fue una reunión entre la empresa y los representantes de la plantilla para “avanzar” en cuestiones como las tablas salariales de esos puestos, que en teoría eran sólo una especie de “negociación previa o avance ante una futura negociación de un nuevo convenio colectivo”.

El sindicato sostiene que dejó claro que lo que se acordara no podría aplicarse hasta que se refrendara un nuevo convenio. Pero ese acuerdo es precisamente al que se agarra el informe jurídico -según relatan quienes lo han podido leer ya- y la propia Gerencia de la televisión para dos cuestiones: justificar los pagos de superior categoría que ha venido aplicando y la propia salida a concurso oposición por el turno libre de 5 plazas que entrarían precisamente en 2 de esos puestos de nueva creación con los que Comisiones discrepa: 3 plazas de redactor (un escalón por debajo del de redactor-presentador) y 2 de operador de cámara (un escalón por debajo del reportero gráfico).

Como fuera, los puestos de nueva creación como los de redactor y operador de cámara vienen consignados en los presupuestos de la Televisión Pública desde hace ya dos ejercicios cuando aparecieron por primera vez en los que establecían la previsión de gastos e ingresos para el año 2023. Según esa tabla que consta en la memoria, un redactor percibirá 2.160,16 euros al mes más 3 pagas extras, mientras que un redactor presentador cobrará este año 2.267,40 euros mensuales más 3 pagas extras. En el caso de un operador de cámara se estableció que su remuneración mensual sea de 1.748,35 euros (más 3 pagas extras) mientras que un reportero gráfico estaría en los 2.133,14 euros mensuales más las mismas 3 pagas extras.

Contradicciones notorias

Y aquí surgen dos contradicciones notorias. El presidente del Consejo de Administración, Alberto Gaitán, ante la falta de confianza patente que le ha despertado la puesta en conocimiento de la opinión pública de todos estos asuntos de la gestión del gerente, le habría dado orden taxativa de no volver anular ni a conceder ningún plus a ningún trabajador, ni otorgar una superior categoría sin el debido informe justificativo de esos pagos. Y es que precisamente el malestar de la plantilla saltó la puerta de la tele para salir a la opinión pública a raíz de la retirada de pluses que algunos habían venido percibiendo desde 2022 justo este mes de enero. “Se concedieron de forma arbitraria, a modo de premio para tener contenta a la gente, y se retiraron del mismo modo arbitrario a modo de castigo”, han refrendado diversas fuentes con implicación en el ente.

Si el presidente del Consejo de Administración ha dado la orden a su gerente de que justifique de forma escrita y mediante informe cualquier pago de pluses y superiores categorías se deduce que hasta la fecha no había soporte escrito que justificara los pagos, refrendando la arbitrariedad de los mismos, y por tanto su uso como prebendas y castigos.

La segunda contradicción no es menos notoria. Incluso aceptando como bueno el refrendo del informe jurídico, el propio gerente, que de momento no ha facilitado la documentación requerida al PSOE, sí ha dado explicaciones verbales. Las mismas, según ha relatado el propio representante en el Consejo de Administración de los socialistas, Melchor León, entregarían la explicación y justificación de ese polémico pago de superior categoría no a la legalidad si no a un error en la nomenclatura. Se pagó bien porque no se habría pagado una superior categoría por las funciones de puestos de nueva creación sino por los que ya existían, habría venido a explicar González Navarro a León.

Si había acuerdo con los sindicatos para establecer las remuneraciones de los nuevos puestos y eso tiene la misma legalidad que si se hubiera modificado el convenio colectivo, ¿qué necesidad hay de justificar que los pagos extras por desarrollar funciones de nueva creación están bien hechos porque en realidad no era por realizar superiores categorías de nueva creación?

Pérdida de Confianza

Gaitán trata de frenar así la polémica, pero se deduce, y así lo expresó ya públicamente el pasado martes 6 de febrero en una rueda de prensa que no se fía de su gerente y que habría perdido la confianza en su gestión. Entonces preguntado directamente por si mantenía la confianza en González Navarro evitó dar una respuesta afirmativa y concreta y se limitó a afirmar: “Mantengo mi confianza en todos los empleados de la sociedad municipal”. En aquella comparecencia, Gaitán insistió también en una idea nuclear: el poco tiempo que lleva él al frente del Consejo de Administración (desde el pasado verano) y en que las situaciones que se estén dando ahora, en realidad son heredadas.

La pérdida de confianza de Gaitán en el actual gerente, José Manuel González Navarro, parece llegar hasta tal punto que, apunta una fuente gubernamental, le habría pedido “papeles de todos los colores”. Papeles y no informes que pudieran maquillar la realidad de su gestión. Algo que no es habitual en la rutina de las sociedades municipales y que Gaitán, por ejemplo, no habría sentido la necesidad de hacer en sus 4 años como presidente del Consejo de Administración de otra sociedad pública, la del Hotel Puerta de África, prácticamente en quiebra y con cuestiones mucho más peliagudas en su día a día que las que se dan en RTVCE.

Los informes como cabía esperar refrendan que lo hecho por el gerente cumple con la legalidad y con ellos pretenden apaciguar los ánimos de la opinión pública, de algún representante político y de Comisiones Obreras, el único sindicato que ha mostrado a las claras sus discrepancias con la gestión del director gerente. Pero es desde Comisiones Obreras precisamente desde donde recuerdan que los informes son “sólo una opinión legal” y como tal consideran que lo que digan “es rebatible” con “otra opinión jurídica”. De hecho, apuntan desde Comisiones que lo más garantista habría sido pedir esos informes no a un despacho de abogados que cobra por prestar sus servicios, incluidos estos informes, de forma externa a la Administración Pública y sí a los propios servicios jurídicos de la Ciudad, mucho más exigentes en este tipo de cuestiones que los despachos externos.

Legalidad en la Oferta Pública de empleo

El otro informe sostiene que no hay ningún motivo para suspender la promoción interna al puesto de redactor-presentador al que opta únicamente la cuñada del gerente y cuyo tribunal nombró el propio González Navarro cuando ya sabía que la única candidata era su familiar. Es su potestad y por tanto legal. Aunque “la ética y la estética” parecen ir por otro lado, apuntan desde el Gobierno donde tampoco gusta que el gerente haya podido sacar algunos asuntos adelante apoyado en los los representantes sindicales de la empresa, casi siempre sin el apoyo del delegado de Comisiones Obreras y siempre con el entusiasta visto bueno de CSIF, cuyo delegado en la empresa es el hermano del gerente. De nuevo, la ética y la estética.

Así las cosas la falta de confianza de Gaitán en la labor de la gerencia es palpable. Y según diversas opiniones recabadas por este medio la situación preocupa no sólo a Gaitán sino a más personas en el seno de la estructura gubernativa y del propio Partido Popular.

El PSOE habría pedido ya el cese del gerente en reiteradas ocasiones desde el pasado mes de mayo y habría llegado incluso a ofrecer a Vivas un sustituto. Si el puesto es de confianza y la misma parece haberse roto ¿cuál sería la razón para que no se hubieran tomado ya decisiones más drásticas? Es indescifrable. Pero puede ser una pista que en las últimas semanas, antes incluso de que este medio publicara la polémica que se estaba suscitando en el seno del ente televisivo con el uso de pluses como herramienta para mantener atado al personal, el ex gerente del ente y padre del actual responsable, el mítico, Manuel González Bolorino, no se haya cortado un pelo al expresar a los propios representantes del PSOE que tiene el compromiso del propio presidente del Gobierno, Juan Vivas, de mantener en el puesto a su hijo.

Queda por ver ahora el detalle de qué, por qué, cómo y a quién se ha estado pagando en pluses y funciones de superior categoría y durante cuánto tiempo. Algo que está en las nóminas que han solicitado ver tanto el PSOE, como Comisiones Obreras y el propio Gaitán, para comprobar si la ausencia de justificación en esos pagos encubre algo más que premios y castigos arbitrarios.