VOX Ceuta ha entrado de cabeza en el aparente lío que se ha montado en el proceso de selección de 6 administrativos para el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OASTCE). Tanto que ha anunciado este jueves a través de un comunicado a los medios que si se confirma que ha habido irregularidades exigirá el cese de Chandiramani. Y tanto que aún sin confirmar que haya nada irregular ya ha extendido el velo de la sospecha a todos los procesos selectivos de la Administración Local.
Para comprobar si ha habido irregularidades o no, el partido ha anunciado que pedirá a la Consejería de Economía toda la documentación relativa al proceso de oposición. La formación considera “especialmente grave la sombra de sospecha que los hechos denunciados por los sindicatos genera sobre todos los procesos selectivos de la Administración Local”, según recoge su comunicado.
VOX analizará jurídicamente y al detalle todo el expediente. “El objetivo es conocer si los responsables políticos del organismo, tanto la consejera, Kissy Chandiramani, como el gerente del OASTCE, Enrique Reyes, han actuado correctamente y conforme a derecho en todo el proceso”, ha asegurado el partido en su comunicado.
Si de ese análisis se concluye que se ha producido algún tipo de irregularidad en consonancia con lo denunciado de forma pública por CCOO, UGT y CSIF el miércoles, el partido acudirá a la Justicia, según deja claro su líder, Juan Sergio Redondo. En ese caso, “se solicitará el cese inmediato de Chandiramani como consejera del Gobierno de Vivas y del gerente del organismo, Enrique Reyes”.
A pesar del análisis pendiente de la documentación, el partido ya muestra su afinidad con los sindicatos e incluso va más allá: “No se puede tolerar la injerencia política en procesos de oposición como habría ocurrido, según han afirmado los sindicatos”, recoge en su comunicado. Al tiempo que señala el camino correcto: “la necesidad de contar con procesos transparentes y que garanticen el cumplimiento de la legalidad vigente sin que ningún político ponga en duda la calificación del tribunal de la oposición”.
El “lío” y el núcleo del asunto estaría en dirimir si el procedimiento administrativo ha sido o no correcto. Básicamente tras la prueba de examen para las 6 plazas de administrativo, una de las concursantes presentó alegaciones tras la baremación de la prueba. Concretamente, según la documentación a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com cuestionó una de las 60 preguntas tipo test que conformaban la prueba. En su argumentación, la respuesta señalada como correcta por el Tribunal no lo era. Como respuesta a esa alegación, el Tribunal le dio la razón y anuló esa pregunta dando entrada a una de las preguntas de reserva. Y es aquí dónde se monta el lío. La opositora considera que la decisión del Tribunal no es la correcta, dado que lo que ella reclamaba no era que se anulara la pregunta, si no que se cambiara a la hora de corregir la prueba la respuesta correcta, pero se mantuviera la pregunta dentro de las que había que considerar para la nota. De ahí que presente el recurso de alzada tras la reevaluación de todos los exámenes conforme a la anulación de esa pregunta y la toma en consideración de la pregunta reserva.
Junto a ella presenta también otro recurso de alzada otro opositor. La respuesta a este recurso de alzada se encarga a un técnico del propio OASTCE que entra durante 16 tediosos folios en los pormenores de las cuestiones de legalidad tributaria sobre las que trataba la prueba y sobre la que reclamaban los dos opositores. Concluye el informe estimando uno de los dos recursos en su integridad y el otro de forma parcial. Lo que obligaría de nuevo a una reevaluación de las pruebas al estimar varias reclamaciones sobre preguntas del examen.
Según defienden desde la Consejería de Economía el recurso de alzada a la primera decisión del Tribunal existe y los opositores tienen derecho a ello. Al ser un recurso contra una decisión del propio tribunal de la oposición a quien corresponde tomar la decisión sería a quién hubiera nombrado al presidente del Tribunal. ¿Quién fue? La propia Chandiramani como máxima responsable del OASTCE y de la Consejería de la que depende el organismo. Si bien, apuntan esas fuentes, a lo que se ha limitado la consejera es a atender al informe del técnico del OASTCE, un informe que en apariencia es absolutamente técnico.
Los sindicatos por contra sostienen que a los opositores no les cabía el recurso de alzada contra la decisión del Tribunal Opositor ante la propia administración sino que debían haber acudido directamente al Tribunal, pero al del juzgado de lo contencioso administrativo y por eso entienden que Chandiramani se habría excedido.
Los propios sindicatos ya explicaron el miércoles que tienen representados en las dos partes del conflicto, en los recurrentes al examen y en los que se verían afectados por la reevaluación de las pruebas y que por tanto van a mantener un estricto tono neutral asesorando a ambas partes del camino a seguir. Todo apunta a que acabará siendo la Justicia quien valide o no las pruebas, la decisión del Tribunal Opositor y la de la propia Administración con Chandiramani a la cabeza.
