La opinión del Consejo Escolar del Estado y del Foro de la Educación de Ceuta ha importado poco al Ministerio de Educación, que este miércoles ha publicado en el BOE la nueva Orden que regulará la admisión de alumnos en Ceuta y Melilla. Su principal novedad es la inclusión de un novedoso criterio complementario: los centros podrán conceder un punto (inicialmente había planteado que fuesen 1,5) a los estudiantes que sean hijos o hermanos de antiguos alumnos; a los que hayan estado matriculados previamente; y a los alumnos con familiares de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad que tengan la consideración de trabajadores.

Si en un futuro alumno confluyesen dos o más de esas circunstancias solo podrá baremarse una de ellas y "en ningún caso", se deja claro, "habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

El objetivo que dice perseguir la Administración con esta novedad es “reforzar la libertad de las familias en la elección de centro y al mismo tiempo otorgar a estos mayor protagonismo” en los procesos de matriculación pero al presidente de la FAMPA de Ceuta, Mustafa Mohamed, le parece que en realidad con lo que se conseguirá es “profundizar en un sistema de escolarización que conduce a la formación de ‘centros-gueto”.

A juicio de Mohamed, “las tres circunstancias que se contemplan para recibir ese punto parecen dirigidas a mantener y potenciar la actual distribución de plazas, perpetuando el privilegio en los centros de mayor solicitud a determinadas familias con alto nivel socioeconómico y seguir potenciando la creación de ‘guetos’ en otros”.

Reduciendo su peso de 1,5 a 1 puntos el MECD evita lo “abusivo” que, en opinión de CEAPA, hubiese supuesto dar “mayor puntuación a que un pariente en tercer grado de afinidad tenga o haya tenido vinculación laboral con un centro que la circunstancia de familia numerosa de carácter general, discapacidad de un hermano, padre o madre, o renta económica baja". Para la FAMPA, "la inclusión de estas circunstancias no recogidas en la Ley Orgánica, no hace más que perpetuar la segregación de clases sociales en las dos ciudades españolas más desiguales rompiendo el principio de igualdad”.

‘Escuelas Católicas’ aplaude que el nuevo criterio "recoge criterios que además de ser plenamente objetivos y de tener carácter público -no, por lo tanto, discrecionales- se justifican en el hecho de evidenciar una vinculación o relación del solicitante de plaza con la comunidad educativa del centro y con éste mismo”. Además ha defendido que no se permite que los centros que apliquen estos criterios "lo hagan de forma discriminatoria, toda vez que todos los alumnos solicitantes que los cumplan serán acreedores a su aplicación”. "El establecimiento de criterios de admisión tiene como finalidad tratar de forma desigual a los solicitantes de plaza cuando el número de éstos es superior al de plazas disponibles”, ha razonado.

La estructura de los criterios prioritarios no cambia: la existencia de hermanos matriculados o progenitores trabajando en el colegio de preferencia y que el domicilio familiar (entendido como “en el que vive habitualmente el alumno”) esté situado dentro del área de influencia del centro solicitado son los aspectos que más puntos otorgan, ocho. A continuación (6) se barema que el lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres, madres o tutores legales, esté situado dentro del área de influencia. Si el domicilio o la oficina se ubica en zonas “limítrofes” solamente se conceden dos puntos.

El Foro de la Educación de Ceuta ha acordado pedir a la Administración revise el mapa de áreas de influencia y limítrofes de cada centro educativo con fin de ampliarlas sin que todas sean excluyentes entre sí, como ocurre ahora.