Una familia denuncia la negativa de Educación de trasladar a su hija de diez años a un centro especializado pese a la falta de apoyos y los constantes episodios de acoso escolar que sufre la pequeña en su actual escuela
La angustia, la frustración y el miedo se colaron este lunes en la entrada de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Allí, Milagros García, madre de Miranda, una menor de diez años diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA), ha comparecido públicamente para denunciar la situación que vive su hija tras la denegación del cambio de centro educativo, pese a que el Ministerio sí ha aceptado de manera extraordinaria un cambio de modalidad. Una historia de abuso e inseguridad que tuvo su culmen cuando la pequeña, sobrepasada por las circunstancias, estuvo a punto de saltar por una ventana para escapar de sus agresores hace poco más de un mes.
“Comparecemos hoy como familia de una niña autista para defender algo que no debería ser discutible: su derecho a una educación segura, digna y realmente ajustada a sus necesidades”, expresó visiblemente emocionada, reconociendo el esfuerzo por contener las lágrimas mientras relataba una situación que, aseguró, “no es puntual ni reciente”.
Tres cursos sin los apoyos necesarios
Milagros explicó que la trayectoria escolar de su hija ha estado marcada por la falta de recursos y de una atención adecuada. “Nuestra hija ha pasado por varios centros educativos debido precisamente a la falta de apoyos reales”, relató. Hace tres cursos, la familia decidió regresar al colegio Lope de Vega con la esperanza de que Miranda pudiera acceder al aula TEA. Una solución, sin embargo, que nunca llegó.
Durante tres años consecutivos, la menor no obtuvo plaza en este recurso especializado y, como única medida, se le asignaron “dos horas semanales de apoyo claramente insuficientes y no acordes con su dictamen ni con sus necesidades reales”. En el presente curso, ni siquiera pudo beneficiarse de esas horas sin que a la familia se le ofreciera una alternativa eficaz ni un plan individualizado funcional.
A esta carencia se sumaron cambios constantes de tutores y especialistas, así como la reducción de horas de pedagogía terapéutica. “Todo ello ha tenido un impacto directo en su estabilidad emocional, generando desregulación, ansiedad e inseguridad”, subrayó.
“Esto no es inclusión”
La madre fue tajante al describir el día a día de su hija en el centro. “No hablamos solo de apoyos educativos, hablamos de inclusión real”, insistió. Miranda no puede participar con normalidad en actividades del colegio, no acude a extraescolares si no va acompañada por sus padres y queda excluida de celebraciones como Carnaval o Navidad “porque no están adaptadas a su sensibilidad sensorial”.
Durante la jornada lectiva, “no permanece de forma continuada en su aula de referencia y pasa largos periodos fuera de ella”, en ocasiones “sin supervisión educativa adecuada”. Para Milagros García, el concepto de inclusión se ha vaciado de contenido: “La inclusión no es una declaración de intenciones ni un término bonito en una ley. La inclusión es una práctica diaria que garantiza seguridad, permanencia y aprendizaje”.
Agresiones reiteradas y ausencia de protocolos
La situación se agravó con episodios de violencia. Miranda ha sufrido agresiones físicas en el centro, una de ellas especialmente grave durante el recreo. “Varios alumnos hicieron un reto para decidir quién le pegaba antes y le propinaron un golpe por detrás en la cabeza”, relató con la voz entrecortada.
Según explicó, ya con lágrimas en los ojos, las agresiones no son nuevas. “Mi hija ha sufrido agresiones con anterioridad, como puede sufrirlas cualquier niño en un patio, pero mi hija no se defiende”, detalló. En muchas ocasiones, quienes la protegen son sus propios familiares, como “su primo, su prima o su hermana, que está en la misma clase”.
Tras uno de estos violentos episodios, la madre se puso en contacto con el centro y se reunió con la dirección al día siguiente. “Me ofrecí, no solo como madre, sino como profesional especialista en TEA, para hacer un ejercicio de sensibilización con toda la comunidad educativa”, explicó. Sin embargo, le trasladaron que sería la tutora quien tomaría las decisiones oportunas. Milagros intervino incluso en una reunión de padres para pedir “un examen de conciencia” y reclamar un entorno seguro para su hija.
Preguntada por la activación de protocolos contra el acoso, fue clara: “Entiendo que no se ha activado ninguno”.
El día que “pudo ocurrir una tragedia”
El punto de inflexión llegó el 17 de diciembre de 2025. En ausencia de la figura de apoyo y en un contexto de ansiedad severa, a Miranda se le impidió salir del aula cerrando la puerta. “Ante esa situación de bloqueo y sin una contención adecuada, mi hija intentó salir por la ventana de un segundo piso”, relató.
La menor llegó a encontrarse parcialmente fuera de la ventana, “con un riesgo vital real inmediato”. Fue su hermana quien dio la voz de alarma al verla “con la cabeza y la pierna fuera”. “Ese día pudo haber ocurrido una tragedia”, afirmó con contundencia para añadir que “después de un riesgo vital real, no hay margen para experimentos”.
Cambio de modalidad sí, traslado no
Tras ese episodio, la familia solicitó de manera urgente un cambio de modalidad educativa y el traslado al centro de educación especial San Antonio. “Pedimos el cambio de modalidad y el cambio de centro. Nos confirman que la modalidad se hace efectiva, pero una actuación inverosímil es que no se cambie de centro porque el inspector no lo ve conveniente”, denunció frustrada sobre la situación que mantiene a Miranda en este limbo académico.
Para la familia, la decisión carece de lógica. “Normativamente dicen que el cambio de centro no se puede hacer, cuando la norma no dice eso en ningún momento, y menos cuando hay circunstancias sobrevenidas y de urgencia”.
Así, la administración plantea mantener a Miranda en el mismo centro con “parches” como seguridad en las ventanas o la incorporación de dos cuidadoras. “No entendemos nada”, reconoció Milagros, molesta después de tres cursos en los “los recursos no han funcionado, las agresiones no se evitaron y el riesgo no se previno”.
“La norma no puede estar por encima de las personas”
Milagros insistió en que el problema no es solo la modalidad educativa, sino el entorno. “Cuando un alumno no puede acudir a todas las actividades porque no están adaptadas, cuando no quiere bajar al recreo o ir a educación física porque el entorno es hostil, ese alumno no está incluido”.
En este contexto, la familia ya no confía en que su hija esté segura. “El día 18 dijimos que nuestra hija no volvía al colegio. Nos aseguraron que el cambio sería rápido, pero después nos dijeron que no se iba a hacer”, detalló.
A pesar del miedo, Miranda sigue acudiendo al centro, aunque en contra de la voluntad de sus progenitores: “Si por nosotros hubiera sido, no habría vuelto, pero nos dijeron que las diligencias iban a ser urgentes”, adujo su madre, quien subrayó que la decisión de cambiar de modalidad educativa “no es fácil para ninguna familia”, pero recordó que están hablando “de una menor de diez años y de sus derechos”.
Agradecimiento al centro, pero crítica a la administración
A pesar de la frustración, Milagros quiso diferenciar claramente entre el centro educativo y la administración. “Los centros no pueden hacer magia con los recursos que tienen”, reconoció. Agradeció la disponibilidad de la directora, del equipo directivo y de la tutora, quien incluso la llamó la noche del incidente para explicarle lo ocurrido. Tristemente, esa “disposición no cubre las necesidades de nuestra hija”, lamentó.
“El centro no puede hacer más de lo que hace”, añadió, “pero nosotros tenemos miedo de que nuestra hija acuda al colegio, porque no solo hablamos de su integridad física y moral, sino de su derecho a una educación digna, y no a deambular por el centro y pasar más tiempo con un conserje que en su aula”.
“No vamos a parar hasta conseguir el cambio”
Ante la falta de una respuesta efectiva, la familia ha acudido al Defensor del Pueblo, ya que “cuando una familia siente que no se protege adecuadamente a un menor, tiene la obligación de utilizar todas las vías institucionales”, explicó.
Milagros cerró su intervención con un mensaje contundente, incluso recurriendo al humor para rebajar la tensión: “No estamos pidiendo la escuela de Hogwarts ni un internado suizo. Estamos pidiendo un cambio de modalidad y de centro en la misma ciudad, porque hay hechos contrastados muy graves”, espetó.
“No vamos a parar hasta conseguir el cambio de centro, si la administración no vela por los derechos de una menor, su familia va a velar por ellos hasta el final y hasta donde tenga que llegar”, zanjó.
